Tenía este post pendiente pero la falta de tiempo no me permitió
sacarlo antes. Creo que mucho de la discusión sobre el tema ha estado enfocado
en lo simbólico, con poco énfasis en lo que me parece central: las
consecuencias de mediano y largo plazo de la ausencia de derechos de propiedad
estables. Los neoliberales a ultranza han cuestionado la expropiación desde su crítica
usual al rol del Estado en la economía. La
izquierda por su lado ha enfatizado cuestiones de autonomía, reivindicando la participación
del Estado en los llamados “sectores estratégicos”. Viendo el tema desde Perú,
las reacciones de neoliberales y zurdos han ido más o menos por la misma dirección.
Así por ejemplo, desde el Gran Combo Club y desde una perspectiva de izquierdas,Jorge Rendón Vásquez describe el tema en los siguientes términos:
“Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las
mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del
neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente
será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían
a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores
para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a
los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora
que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por
los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los
señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la
expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de
alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo
convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los
incomodan.”
Tengo la impresión que los liberales harían un mejor trabajo
si se dedicaran a hacer pedagogía política utilizando el caso argentino como un
ejemplo de lo que no debe de hacerse pero sin apelar al tremendismo al que
alude Rendón. Este tipo de razonamientos son muy difíciles de sostener en un
contexto global en donde la recesión, la débil regulación y las malas prácticas
corporativas vienen siendo asociadas equivocadamente (con la participación tendenciosa
de la izquierda) con el liberalismo. En este escenario, las acusaciones de la
izquierda suenan creíbles y por ende cada vez más gente mira con simpatía la participación
estatal en sectores como el petrolero.
Lo primero que habría que decirse es que, al estado actual
del conocimiento económico, no existe evidencia empírica que indique que el
Estado siempre es un mal gestor de recursos. Tenemos diversas teorías que
proveen razones sólidas para desconfiar de este, pero es difícil obtener
evidencia empírica concluyente al respecto. Al nivel internacional, existen
ejemplos abundantes de empresas públicas eficientes (como Petrobras o Codelco)
y también de otras en donde abunda la corrupción y la ineficiencia (como
PDVSA). Entonces, no se trata de si la propiedad es privada o pública, sino más
bien del entorno institucional que estas enfrentan. Si uno comienza a estudiar
con algún detalle el caso de las empresas públicas que funcionan bien en la región,
inmediatamente notara que existen mecanismos institucionales que garantizan que
estas cuenten con una burocracia altamente calificada y con altos niveles de
independencia del poder político de turno. Se trata entonces de la existencia
de reglas de juego que crean incentivos que favorecen el desarrollo de una gestión
eficiente, más allá del tipo de propiedad.
La pregunta entonces es si en Argentina (y de paso en el Perú)
existen los requisitos institucionales para el desarrollo de una gestión eficiente
en las empresas públicas. Parece que este no es el caso. De hecho, en el caso
argentino ni siquiera las empresas privadas son totalmente independientes del
poder político, como lo indica precisamente el hecho que Repsol se haya visto
forzada por Néstor Kirchner a vender parte de sus acciones en favor de un
empresario amigo del régimen. Como lo cuenta Xavier Sala-i-Martin:
“En 2007, y ya con Antoni Brufau al frente de la petrolera,
el presidente Néstor Kirchner pidió a REPSOL que un grupo argentino entrara a
formar parte de la compañía. Se trataba del grupo Petersen de la familia de
Enrique Eskenazi. La familia Eskenazi era una familia de la alta burguesía de
Santa Cruz, región que había sido presidida (oh! casualidad!) por Néstor
Kirchner, antes de ser presidente de Argentina. De hecho, Enrique Eskenazi era
amigo íntimo de don Néstor, tan íntimo que le había financiado las campañas
electorales que le llevaron al poder. Es decir, el presidente Kirchner obligó
en 2007 a REPSOL a aceptar un socio argentino que, casualmente, era un amigo
íntimo de toda la vida y al que se le debían algunos favores políticos. Antoni
Brufau aceptó porque sabía que siempre es bueno tener inversores locales con
conexiones políticas. Es bueno que los insiders te señales la existencia de
luces ámbar antes de que se vuelvan rojas. Por esto aceptó que la familia
Eskenazi tenga primero el 15% y luego el 25% de la compañía.
Pero había un pequeño problema: los Eskenazi eran los ricos
del pueblo en Santa Cruz, pero una cosa es que tus niños se paseen por el
pueblo en lujosos horteras Ferraris rojos o que chuleen por las discotecas de
moda de la zona y otra cosa muy distinta es comprar el 25% de una compañía que
vale decenas de miles de millones de dólares. Los Eskenazi no eran tan ricos!
¿Cómo consigue la familia amiga de Kirchner comprar el 25%
de REPSOL-YPF? Pues obligando a YPF a PRESTARLE EL DINERO! Repito, Néstor
Kirchner obliga a REPSOL a prestar el dinero a una familia amiga para que ésta
compre el 25% de REPSOL. ¿Y cómo va a pagar esa familia semejante millonaria
cantidad? Pues con los dividendos de la propia REPSOL. Es decir, REPSOL, el
gobierno de Kirchner y el grupo Petersen de la familia Eskenazi firman un
contrato (depositado en la Security Exchange Comission de New York) que obliga
a REPSOL a dar el 25% de su capital a la familia Eskenazi y ésta se compromete
a pagar de vuelta con los dividendos de REPSOL. Para garantizar que REPSOL
pueda cobrar ese "crédito" (o quizá deberíamos calificarlo de
extorsión), se obliga a REPSOL distribuir en forma de dividendos el 90% de sus
beneficios.”
Cualquiera que conozca Argentina sabe de lo poco
institucionalizado que es el país. Si los Kirchner lograron que una
multinacional hiciera esto, ¿Cómo será cuando la empresa esté totalmente bajo
el control estatal? ¿Sera capaz la empresa de invertir para expandir la producción,
el argumento utilizado por el régimen para justificar la expropiación, en este
entorno institucional? Cristina Kirchner ha dicho que la empresa se manejará
con criterios de eficiencia, pero es muy difícil creer que esto será posible en
el escenario descrito. Como ya pasó con las pensiones y Aerolíneas Argentina,
lo más probable es que las necesidades de financiamiento de corto plazo del régimen
terminen creando problemas que terminaran reventando en el largo plazo.
Muchos confunden la crítica a la expropiación como una
defensa a REPSOL o a los españoles. Seguro habrá interesados en defender los
intereses de la empresa, lo cual por cierto es legítimo. Creo sin embargo que lo central es la defensa
de un conjunto de principios esenciales que tienen soporte científico.
Concretamente, existe un conjunto amplio de evidencia que sostiene la
importancia radical que tiene la protección de los derechos de propiedad para
el desarrollo de las naciones. El libro reciente de Daron Acemoglu y James
Robinson, “Why Nations Fail”, tiene una cantidad importante de ejemplos que van
en la dirección señalada. Aquellos países que garantizan el respeto a los
derechos de propiedad muestran, en promedio, un crecimiento sostenible de la
riqueza. Viéndolo en perspectiva, es precisamente la ausencia de instituciones
que garanticen la protección de los derechos de propiedad lo que explica, por
lo menos en parte, la debacle argentina de las últimas décadas.
Además de esta razón empírica, existe una cuestión de
principio vinculada con el respeto de la ley. Creo que lo fundamental no es la discusión
sobre si el Estado debe intervenir o no en los sectores estratégicos, debate
que han privilegiado los defensores y críticos de la medida, sino más bien si
es que vamos a admitir violaciones a los derechos fundamentales de las
personas, entre estos, el derecho a la propiedad. Porque, hay que admitirlo,
esto es simplemente un robo. Es como si alguien entrara a tu casa, se apropia
de ella y luego decide pagarte lo que se le antoja. Y en esto la izquierda tendría
que ser más principista en reconocer que se trata de un robo (lo cual difícilmente
hará pues significaría admitir que su compromiso con los derechos humanos es estratégico).
Claro, en sociedades en donde el respeto a los derechos individuales ha sido históricamente
débil, no es de extrañar que muchos celebren una medida como esta, en
particular por tratarse de una multinacional. Pero desde un punto de vista de
principios, es lo mismo que el gobierno le quite la casa a una familia pobre
que le expropie a una empresa sus acciones.
¿Qué lecciones podemos extraer para el caso peruano? Sin
duda, la izquierda local ha querido jalar agua para su molino en su agenda de
lograr una participación más activa del Estado en los sectores estratégicos. Tengo
la impresión que debería replantearse el debate en relación a si tenemos los
mecanismos institucionales que nos garanticen
empresas publicas eficientes y mi respuesta en ese caso es que estamos
muy lejos aún de ese escenario. Ya vimos como PetroPeru funcionaba como caja
chica del Toledismo. Tal vez si existiera un esfuerzo más serio de los
defensores del estatismo por proponer la inclusión de mecanismos que promuevan
la eficiencia en una eventual mayor participación del Estado en la economía la discusión
sobre el tema sería más rica. Creo que la izquierda necesita ser más
convincente: no basta mirar a los vecinos y decir “mira, ¿cómo ellos si tienen
empresas públicas que funcionan bien?” sino fundamentar sobre qué es lo que ha
cambiado en el país para que empresas públicas que en el pasado funcionaron muy
mal ahora si operen con eficiencia. Y es que, si Brasil y Chile tienen buenas
empresas públicas es porque también tienen burocracias e instituciones más sólidas.
Porque, supongo que al final del día de lo que se trata es pensar respecto a qué
condiciones debemos garantizar para que PetroPeru se parezca más a PetroBras y
menos a PDVSA (o, con seguridad en unos años, YPF).
