¿Crónica de un fracaso redistributivo anunciado? (I)

Uno de los lugares comunes que hemos escuchado en esta última campaña electoral es que el ascenso y posterior victoria de Humala sería el resultado del fracaso del modelo económico neoliberal. Se dice –en contra de la evidencia empírica que muestra lo contrario- que este modelo habría acentuado la pobreza y la desigualdad, y que el voto de las mayorías en el interior del país expresaría la protesta de los excluidos de los beneficios de un modelo que genera crecimiento pero no desarrollo. Para ello, se usan como evidencia algunas encuestas en donde la gente manifiesta querer cambios al modelo económico. El humalismo, entonces, habría ganado por una promesa redistributiva pendiente que ni Toledo ni García fueron capaces de cumplir.

Una análisis cuidadoso de estos datos en realidad revela que lo que la gente esta criticando no es el modelo económico en sí, sino mas bien aspectos que están vinculados con la gestión estatal. Entonces, más que fracaso del modelo, estamos ante un fracaso del Estado. La encuesta de Ipsos-Apoyo del último septiembre muestra claramente que cuando a la gente se le pregunta por los aspectos del modelo económico cambiaria esta responde mayoritariamente temas relacionados con el mal nivel educativo de la educación pública, la corrupción y el débil enforcement de la ley. El malfuncionamiento del Estado parece ser un mar endémico de nuestra sociedad y difícilmente podrían tener origen en el modelo económico vigente. La corrupción existió antes de los noventas lo mismo que los problemas de mala calidad de la educación. Si estos problemas han existido independientemente si el modelo económico fue de Estado interventor o de libre mercado, entonces sus orígenes deben buscarse más allá del modelo económico en sí.

Lamentablemente, se ha vuelto lugar común responsabilizar el modelo económico por todos los problemas del país, inclusive por temas como la delincuencia (ver, por ejemplo, este numero de Otra Mirada). Lynch básicamente acusa el modelo económico liberal del incremento de la delincuencia que afecta al país. El problema con este argumento es que no se sostiene cuando uno mira a países de la órbita bolivariana y observa que la percepción sobre violencia es más alta en varios de ellos.

Cuando el diagnostico es errado también lo serán las alternativas de solución. La evidencia muestra que la desigualdad y la pobreza han venido cediendo en los últimos años, aunque probablemente no a la velocidad ni en la magnitud deseada. ¿Es culpa del modelo económico que el avance no sea mayor? Como escribía el economista americano Arthur Okun, el sistema de mercado es inherentemente desigualador. A pesar de ello, hemos observado una reducción importante de la pobreza. Corresponde a la acción estatal corregir estas desigualdades mediante mecanismos redistributivos. Si no vemos redistribución, no es problema del modelo económico el cual ha venido redistribuyendo a pesar de la ausencia de capacidad estatal. Es el fracaso del Estado.

¿Cómo se expresa este fracaso? La muestra más patente es el hecho que varias dependencias del Estado devuelvan dinero al tesoro público simplemente porque no existe la capacidad de gastar. Y eso en parte tiene que ver con reformas que no se implementaron en los noventas y con reformas que se implementaron mal después. Cuando se introdujeron las reformas de mercado, se implementaron reformas institucionales en aquellos aspectos que se consideraron claves para el funcionamiento del nuevo modelo económico. Por ejemplo, se introdujo la independencia del Banco Central, se crearon las reguladoras y se modernizó la SUNAT. Y si algo funciona en el Estado, es precisamente parte de esa nueva institucionalidad construida en los 90s. Pero no todo lo que se hizo funcionó bien. Las reformas en el sector social estuvieron más sometidas al poder político y su uso clientelar sirvió para los propósitos del régimen pero no para mejorar la distribución del ingreso. Así, mientras que al Banco Central se le otorgo independencia, FONCODES y otros programas sociales fueron centralizados bajo el Ministerio de la Presidencia y el control directo del régimen. Y como pasa en casi todos los países con instituciones débiles como el nuestro, el clientelismo siguió estando ahí, como antes con García y Belaunde, pero presente bajo una nueva institucionalidad estatal.

No debería ser sorpresa entonces que la demanda por redistribución no haya sido satisfecha. La educación y la salud son un desastre, y el Estado invierte mal en una multitud de programas cuyos objetivos se superponen y que distribuyen muy poco. Urge una reforma en el sector social del mismo modo que se introdujeron reformas en el manejo de la gestión macroeconómica. El problema es, otra vez político. Los incentivos de reforma no existen. Para los políticos, es políticamente más rentable administrar lo que ya hay y eventualmente empezar algún programa nuevo que se asocie a su nombre. Es lo más sencillo. El problema es que ello no va a modificar sustancialmente la distribución del ingreso. Para ello se requieren de reformas que son políticamente más costosas. Por ejemplo, es fundamental invertir en la infancia proveyendo educación de calidad. Con ello, se mejoraría la distribución del capital humano y se ampliarían las oportunidades para los más excluidos de una forma sostenible en el tiempo. Pero, para hacer ello, hay que hacer algo con los maestros. Investigación experimental reciente (ver el reciente libro de Banerjee y Duflo) muestra que el maestro es el elemento más importante para mejorar la calidad educativa si la comparamos con inversiones alternativas como inputs escolares. Sin embargo, es políticamente costoso introducir medidas que los fuercen a capacitarse o eventualmente reemplazar a aquellos que simplemente no tienen la capacidad de enseñar. Es políticamente más rentable repartir libros, construir escuelas y equiparlas. Es algo que un político puede mostrar y que le puede ser redituable políticamente en el corto plazo pero que no resuelve el problema de calidad. Hacer reformas más fundamentales como introducir mejoras en el servicio público del sector educativo es costoso políticamente y los beneficios de una política de esta naturaleza toman décadas en materializarse. No debería sorprendernos entonces que nuestra educación siga en el sótano de la región a pesar del crecimiento económico.

(Continua)

Concurso de ensayos sobre temas distributivos del CEDLAS de la Universidad Nacional de la Plata

Un amigo me envía esta convocatoria para un concurso de ensayos sobre estudios distributivos organizado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (CEDLAS-UNLP). Para quienes no estén al tanto, el CEDLAS-UNLP es el centro de investigación más importante de la región en estos temas y tiene, entre otras cosas, un proyecto con el Banco Mundial para monitorear las estadísticas distributivas de los países de la región. Es además una muy buena alternativa de postgrado para quienes tengan inclinaciones sobre estos temas. Más información pueden encontrar en su página web.

http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/

Afiche Concurso Cedlas a4111

Concurso CEDLAS_Bases11

La obsesión por la desigualdad: a falta de datos, buena es la ideología

Leo, algo tarde, esta nota aparecida en el Comercio del 16 de enero pasados, titulada “Pese al crecimiento económico aumentó la desigualdad en el país”, escrita por el periodista Luis Felipe Gamarra. Lo interesante es que se habla de un incremento de la desigualdad en el texto, mientras que la información que sustenta dicha información dista de mostrar que la desigualdad realmente aumento. Veamos.

Lo primero que hay que notar es la permanente confusión del texto respecto al tema eje de análisis. Toda la primera parte se centra en una discusión sobre como el crecimiento no ha llevado a una reducción rápida de la pobreza en las zonas rurales del país. Luego cita a Juan Chacaltana del modo siguiente:
“Si comparamos el gasto familiar del 10% de los peruanos más pobres con el 10% de los más ricos, veremos que la distancia entre ambos se ha elevado dramáticamente. Para Juan Chacaltana, de Centro de estudios para el desarrollo y la participación (Cedep), el ingreso del 10% más rico (al que pertenece menos del 8% del país) incrementó el promedio, lo que generó cifras engañosamente positivas. Por otro lado, la inflación, como lo demostró en el 2007 la Universidad del Pacífico, depende del segmento al que se pertenece. Para el sector E, la inflación del 2007 fue de 8,2%, tres veces más que para el resto de peruanos.”

No me queda claro ni el periodo de referencia ni la fuente de información para tal aseveración. En este post mostré que la evidencia empírica no soporta dicha conclusión. De hecho, el mismo reporte consigna cálculos del coeficiente de Gini para el periodo 2004 y 2007 de 0.42 y 0.42, lo cual en términos estadísticos (considerando intervalos de confianza debido a que los estimados provienen de una muestra y no de datos censales) significa que la desigualdad no cambio.

Luego, en una sub-sección, el artículo menciona lo siguiente:
“Cálculos de Raúl Mauro, investigador de Desco, indican que el Gini tampoco bajó. Sus cifras por departamento señalan que la desigualdad creció en 17 de los 24 departamentos entre el 2004 y el 2007. Por ejemplo, el análisis de Mauro señala que La Libertad, donde existe pleno empleo, la inequidad se elevó, así como la delincuencia, lo que convirtió al departamento en el más desigual del país. Para Javier Escobal, de Grade, y Pedro Francke, de CIES, el país, irónicamente, ha medida que crece, se hace más injusto.”

Aun cuando se presentan datos de desigualdad a nivel departamentos, la afirmación que la desigualdad se incremento en 17 de estos es exagerada. En los casos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Pasco, Puno y San Martin; esto es, al menos 10 de los 17 casos la magnitud de incremento no es sustantiva por lo que es de esperarse que los intervalos de confianza se crucen y por tanto no tengamos evidencia de que el incremento de la desigualdad sea robusto. Por ejemplo, en Arequipa la desigualdad paso de 0.35 a 0.36, un incremento de 2.6%, lo cual es términos estadísticos es simplemente nada, sin embargo el Comercio consigna el caso como uno de incremento de desigualdad. Se necesitan la información respecto a la robustez de los estimados para ser concluyentes al respecto.

¿Que queda del articulo del Comercio? Muy poco. De partida, no aporta evidencia que valide el titular que tiene, además de contradecirse al sugerir que la desigualdad aumento y mostrar que el índice de Gini no cambio en el periodo 2004 y 2007. No tenemos evidencia de que la desigualdad haya aumentado si es que tomamos como punto de referencia 1997, periodo a partir del cual se disponen de estadísticas relativamente consistentes. El articulo incide parcialmente bien en señalar que el crecimiento no ha beneficiado más a los más pobres, aunque lo plantea incorrectamente de modo tal que el argumento termina siendo falso. El argumento correcto sería reconocer que el crecimiento beneficio más en términos absolutos a los no pobres (lo cual no es un resultado inesperado, toda vez que el crecimiento suele beneficiar en primer lugar a los más integrados al sistema económico. El crecimiento nunca es balanceado.), aunque en términos proporcionales los sectores más pobres vieron crecer más rápidamente sus ingresos que los no pobres. Como mostré en el post “la desigualdad no es como la imaginábamos”, el ingreso per-capita promedio del decil mas pobre creció en un 64% entre 1997 y el 2007, mientras que el ingreso promedio del decil mas rico lo hizo en un 9%. Los cálculos pueden descargarse de esta dirección: http://stanislaomaldonado.googlepages.com/ingresopromedio1997_2007.pdf

Ahora, creo que es preciso aclarar los argumentos, sobre todo de quienes defienden la idea de que la desigualdad se incremento, quienes muchas veces parece dejarse llevar más por sus preferencias ideológicas que por la evidencia estadística. Me parece, que hay una serie de problemas que es preciso resolver a fin de tener una discusión basada en evidencias al respecto:

a) El problema del periodo de referencia: muchos de los que argumentan que la desigualdad aumento (ver por ejemplo este post), se basan en datos para el periodo 2004-2007. Efectivamente, para ese periodo existe cierta evidencia al respecto (tal y como muestro en estos datos: http://stanislaomaldonado.googlepages.com/EstimacionesDesigualdad1997_2007.pdf ) pero ello deja de ser cierto cuando consideramos un periodo de referencia más grande. No hay razón teórica alguna que nos diga que el periodo 2004-2007 sea el mejor para juzgar los cambios en la desigualdad.

b) El problema del instrumento de medida de desigualdad: muchos argumentan que las encuestas de hogares son un mal instrumento para medir la desigualdad, porque difícilmente captura bien los ingresos de los más ricos. Siendo ello un argumento atendible, es necesario probarlo empíricamente para el caso peruano. Dicho estudio no existe, por lo que no podemos estar tan seguros que la desigualdad aumento si la evidencia no existe.

En resumen, no existe evidencia para argumentar que la desigualdad aumento en el país. Por el contrario, esta parece no haber experimentado cambio alguno. Los que argumentan que esta si aumento se basan en decisiones metodológicas que no tienen justificación a priori, a no ser que sean preferencias ideológicas. En el caso de los datos a nivel regional, un análisis de robustez es necesario a fin de tener una mejor imagen al respecto al cual habría que agregarle un análisis de su evolución a partir del 2001. Como mencione en mi post al respecto, algo pasó en el 2004 que cambia ligeramente la tendencia. Esto amerita mayor estudio para descartar que el mismo se haya debido solo a cambios metodológicos.

Asimismo, es preciso también abordar la dimensión normativa implícita en el debate. ¿Por qué se considera que un aumento de la desigualdad es malo per se? La forma que termina el artículo del Comercio, al decir que el país se hace más injusto a medida que crece, es sintomático. Desde una perspectiva rawlsiana (ver mi ensayo sobre justicia distributiva), en tanto los pobres se beneficien en términos relativos más que los ricos, uno no podría denominar injusto el crecimiento de los últimos 10 años, en donde el ingreso promedio de los pobres creció más rápido que el de los ricos. ¿Cuál es la teoría moral que sustenta la aseveración de que el país es más injusto hoy?

Confieso que estos tipos de análisis me mortifican. Empezar con un caso muy particular, el de un distrito no beneficiado por el crecimiento, lleva fácilmente a generalizaciones indebidas, que son fácilmente asimiladas para un público no entrenado en los detalles metodológicos. Se necesita evidencia estadística y mostrar la historia completa, no solo la de los perdedores, sino también la de los distritos que se han beneficiado con el crecimiento para tener una imagen más cercana a la verdad. El que las cosas no hayan funcionado para Anchonga no quiere decir que no haya funcionado para ningún distrito de las zonas rurales del país.

Una teoría sobre la exclusión social: Una aproximación de competencia por activos (II)

Dicho esto, discutamos ahora sobre la distribución de los activos entre la población. La distribución de los activos entre los individuos dependerá tanto de la “lotería del nacimiento” como del esfuerzo responsable de los mismos. Esta distinción nos lleva a pensar en dos temas claves interrelacionados: a) el proceso a través del cual los individuos adquieren los activos y los mecanismos institucionales que se hallan detrás de ello, y, b) el tema de la responsabilidad personal y sus implicancias para la teoría moral.

Producto de la “lotería del nacimiento”, los individuos reciben una dotación básica de activos, compuesta por su dotación de activos naturales más un stock de activos sociales determinados por el stock de activos sociales de sus padres. A estos activos los denominaremos activos básicos, por ser el punto de partida del proceso de acumulación de activos de un individuo a lo largo de su existencia. La distribución de dichos activos es “moralmente arbitraria”, en la medida de que ningún individuo pudo influir sobre la composición del stock de activos bajo su control. Sin embargo, cada individuo si será “moralmente responsable” de los resultados que obtenga a través del uso de dichos activos, tanto en la transformación de estos activos en niveles de bienestar como en la consecución de mayores activos a partir de su dotación básica.

Provistos de esta dotación básica los individuos compiten por el control de activos sociales claves para su desarrollo humano. Estos activos sociales no caen como el mana del cielo o son lanzados desde helicópteros, sino que son distribuidos a través de un conjunto de instituciones que hemos denominado instituciones básicas. Estas instituciones establecen las reglas de juego que se hallan detrás de la distribución de los activos y determinan, por tanto, las posibilidades de acumulación de los mismos por parte de los individuos.

Entre las instituciones básicas más importantes podemos contar:

1. Instituciones que facilitan el acceso a activos productivos como tierra y capital,
2. Instituciones educativas,
3. Instituciones de salud,
4. Instituciones que facilitan el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad,
5. Instituciones de representación política y sufragio,
6. Instituciones de resolución de disputas y manejo de conflictos,
7. Instituciones de protección social.

El rol que cumplen las instituciones básicas no se limita exclusivamente a la provisión de los activos, sino que además cumplen el rol fundamental de asegurar el control por parte del propietario tanto del activo como de los rendimientos que generan. De allí la importancia de las instituciones que permiten el reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad dentro del conjunto de instituciones básicas.

Dado el conjunto de instituciones básicas, los individuos competirán por el control de los activos sociales. Las posibilidades de éxito al alcance de cada uno de ellos dependerán crucialmente de su respectiva dotación básica, dado el grado de apertura institucional. Así, si las instituciones básicas son abiertas e inclusivas el peso de las desigualdades iniciales sobre la perspectiva de vida de los individuos será menor, es decir, habrá mayor movilidad social. Un individuo que cuente con una menor dotación básica de activos que otro podría remontar las desventajas iniciales y disminuir la brecha que los separa gracias a un acceso equitativo a los activos sociales. Lo inverso también es válido. Instituciones básicas muy cerradas y excluyentes conllevarán a la profundización de las desventajas iniciales entre los individuos, acentuando con ello la desigualdad social.

¿De qué dependerá el grado de apertura de las instituciones básicas? Sin duda, es de suma relevancia para nuestros propósitos establecer con precisión una respuesta a esta interrogante, más aun en el contexto de las sociedades andinas objeto de nuestro análisis. A nuestro entender dicho grado de apertura institucional dependerá de la confluencia de una serie de factores cuyas raíces podemos rastrear en la historia. Dicha apertura sería el resultado de la persistencia a lo largo del tiempo de un conjunto de arreglos institucionales que son producto de las condiciones iniciales de la sociedad, en particular su grado de equidad. De acuerdo con Engerman y Sokoloff (2002), en sociedades que nacieron con mayor grado de equidad, las elites estuvieron menos predispuestas a establecer reglas, leyes y políticas gubernamentales que los favorecieran excesivamente frente al resto de la sociedad, favoreciendo el desarrollo de instituciones que promovieron un acceso equitativo a las oportunidades, contribuyendo de esta forma a la persistencia de arreglos sociales más equitativos. Por otro lado, "...in societies that began with extreme inequality, elites were better able to establish a basic legal framework that insured them disproportionate shares of political power, and to use that influence to establish rules, laws, and other government policies that greatly favored them relative to the rest of the population in terms of access to economic opportunities, contributing to persistence of the high degree of inequality" (Engerman y Sokoloff 2002: 3).

Así, la persistencia del grado de equidad inicial de la sociedad a través del tiempo opera por medio de la persistencia de las instituciones básicas, en particular su grado de apertura. En aquellos lugares en donde, producto de un alto grado de inequidad inicial, se constituyeron instituciones básicas excluyentes, la desigualdad social se ha mantenido elevada a lo largo del tiempo gracias precisamente a la persistencia a través de la historia de dichas instituciones básicas a las que la desigualdad inicial dio origen. Del mismo modo, allí donde la desigualdad inicial fue baja, las instituciones básicas que se configuraron permitieron un acceso más democrático a los activos sociales, facilitando con ello la reproducción del elevado nivel de equidad inicial.

Dos nuevas preguntas emergen a partir de nuestra respuesta anterior: 1) ¿por qué algunas sociedades “nacieron” con un mayor nivel de desigualdad inicial que otras? y, 2) ¿por qué persisten las instituciones que sostienen y reproducen en el tiempo dicha desigualdad inicial? Una primera respuesta a la primera pregunta la podemos encontrar en los trabajos de Stanley Engerman y Kenneth Sokoloff. Estos autores han insistido en que las diferencias iniciales en el grado de desigualdad pueden ser atribuidas a las respectivas dotaciones de factores de cada sociedad. Estas diferencias han tenido un impacto profundo y duradero en sus patrones de desarrollo debido a su efecto sobre el tipo de instituciones que se constituyeron en dichos sistemas sociales. Así, mientras que en el Brasil y el Caribe las condiciones favorables para el desarrollo de cultivos como el azúcar, con alto valor en el mercado, favoreció el uso intensivo de esclavos (lo cual derivó en la conformación de sociedades muy heterogéneas con elevados niveles de concentración de riqueza, capital humano y poder político), en América del Norte las condiciones climáticas favorecieron un régimen de producción de cultivos mixtos, sujeto a bajas economías de escala, en el cual se utilizaron pocos esclavos consolidándose luego como sociedades relativamente homogéneas y con mayor grado de equidad en el acceso a los recursos productivos y las oportunidades. En el caso de la América Hispana la relativamente abundante disponibilidad de tierras, la abundancia de fuerza de trabajo nativa y la riqueza de los recursos minerales crearon condiciones para el desarrollo de instituciones que favorecieron la concentración de riqueza y los recursos en las elites (Engerman y Sokoloff 1994 y 2002).

Una teoría sobre la exclusión social: Una aproximación de competencia por activos (I)

Ahora que Majaz nos ha traído de nuevo el tema de la exclusión social (ver este excelente post de Daniel Salas haciendo un paralelo de este caso con el de la corresponsal del Comercio en España), quiero compartir algunas reflexiones sobre como extender la teoría de la exclusión desarrollada por el profesor Figueroa en la Sociedad Sigma y en trabajos previos. Creo que esta extensión puede ayudarnos a conciliar de mejor modo los “factores moralmente responsables” y los “factores moralmente arbitrarios” que discutiéramos en los posts sobre igualdad de oportunidades. Aquí me baso en cosas que he escrito en otros textos.

Como dije, Figueroa construye una sociedad abstracta denominada “Sigma” en la cual los individuos participan dotados de diferentes cantidades de activos sociales (los cuales pueden ser económicos, políticos y culturales) en los mercados básicos de crédito, trabajo y seguros, a los cuales denomina “no walrasianos” por tener la particularidad de operar bajo exceso de oferta o de demanda sin que los precios de mercado operen como mecanismo de racionamiento. Dada una distribución desigual de los activos entre la población y una escala de valoración social históricamente construida que privilegia ciertas posiciones en la escala social frente a otras (ambas determinadas exógenamente), la teoría predice que los grupos dotados de menores activos sociales resultarán siendo excluidos de los procesos de mercado, en particular del mercado laboral, considerado el mercado básico por excelencia. ¿Cuáles serán estos grupos? De acuerdo con Figueroa serán las poblaciones históricamente marginadas, como es el caso de los grupos indígenas y afrodescendientes, las que resultarán excluidas de los procesos de mercado debido a su menor dotación de activos sociales, lo cual, en el caso del mercado laboral, se expresará en una sobre-representación de estos grupos en el sector de pequeña producción urbana y agrícola. Así, la exclusión social no será aleatoria.

A pesar de la elegancia lógica y el rigor formal de la teoría de Figueroa, esta nos dice muy poco respecto al proceso por medio del cual se origina una distribución desigual de activos. De hecho, la teoría Sigma “supone” la desigualdad, puesto que se basa en el supuesto exógeno de distribución desigual de los activos entre la población, el cual luego permite explicar la exclusión de los procesos de mercado y luego la desigualdad del ingreso. Así, Figueroa supone la desigualdad de activos para explicar la desigualdad del ingreso. Ciertamente, esto no constituye un error de carácter epistemológico en la medida que el objetivo de su trabajo es explicar la desigualdad del ingreso y no la desigualdad de activos, por lo que es licito suponer esta. A pesar de ello, Figueroa justifica su supuesto a partir de trabajos recientes en el campo de la historia económica que explican la persistencia de la desigualdad en el tiempo debido a la “viscosidad” de la estructura institucional de las sociedades que emergen a partir de un shock fundacional, como es el caso de los procesos de conquista y colonización que experimentaron sociedades como la nuestra.

Sin embargo, son precisamente los mecanismos mediante el cual los individuos adquieren sus activos los cuales deberían concentrar nuestra atención si es que lo que nos interesa es avanzar en el diseño de reformas institucionales que permitan una mejora en la distribución de los activos, y por tanto, una mejora en la distribución del ingreso y otros recursos considerados valiosos por los individuos. Es por eso que resulta siendo una paradoja que la teoría sugiera en términos de políticas públicas hacer precisamente aquello que no nos explica porque es considerado exógeno. Así, es importante endogenizar el proceso de adquisición de activos a fin de avanzar en la dirección señalada. Asimismo, es importante también ampliar nuestra concepción de activos de modo tal que podamos manejar una visión más completa del proceso distributivo, en la cual se tome en cuenta que la distribución del ingreso es el resultado conjunto de factores bajo el control de los individuos y que dependen de su esfuerzo moralmente responsable, como de factores que están más allá de su control y que podemos considerar “moralmente arbitrarios”. Estas dos modificaciones son de vital importancia a fin de avanzar conceptualmente en la comprensión del fenómeno de exclusión social que caracterizan a nuestras sociedades.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las líneas que siguen proponemos una teoría de exclusión que hace hincapié en el proceso mediante el cual los individuos adquieren sus activos. A nuestro entender, dicho proceso consta de las siguientes etapas: a) la “lotería del nacimiento”; b) la competencia por activos, y c) la realización en los mercados básicos. Antes de discutir en detalle cómo operan los mecanismos institucionales que facilitan la distribución de los activos, es preciso ahondar en la naturaleza de estos últimos.

En todo sistema social, los individuos participan en los procesos de intercambio social dotados de un conjunto de activos. Este conjunto de activos, que denominaremos de ahora en adelante dotación, está compuesto por dos grandes clases de activos: los activos naturales y los activos sociales, dividiéndose estos últimos a su vez en tres tipos de activos: los activos económicos, los políticos y los culturales. Provistos de estos activos, los individuos participan en los diversos procesos sociales relacionados con la organización económica (sistemas productivos y mercados), el ordenamiento político-institucional y la cultura (Figueroa, Altamirano y Sulmont 1996).

Empecemos diciendo algo sobre los activos sociales. En primer lugar tenemos los activos económicos, con los cuales nos referimos a los recursos productivos en general, tales como las tierras, el capital físico, el capital financiero y el capital humano. Por los activos políticos entendemos el acceso que tienen los individuos a los derechos universales establecidos por la sociedad, y a las posibilidades reales para el libre ejercicio de la ciudadanía, mientras que cuando hablamos de los activos culturales hacemos referencia a las características personales de los individuos, tales como el lenguaje, género, religión, casta, origen regional, costumbres, entre otras, que están sujetas a valoración social, dada una jerarquía históricamente determinada (Figueroa, Altamirano y Sulmont 1996, Figueroa 2003). Por otro lado, al hablar de activos naturales, nos referimos a las características y habilidades innatas de los individuos, entre las debemos considerar, por ejemplo, el talento, la fortaleza física, y en general todas aquellas ventajas que son producto de la conformación biológica de las personas (Zynda 2001).

Digamos algunas cosas más respecto a la naturaleza de los activos. En primer lugar, es fundamental señalar la distinción fundamental entre el carácter interno y externo de los activos. Claramente el capital físico y la tierra son de carácter externo (y por tanto transferibles), mientras que el talento y la fortaleza física son obviamente internos (y por ende intransferibles). Esta distinción es clave para comprender las limitaciones de las políticas redistributivas para el logro de la igualdad, pues aunque es posible redistribuir los activos transferibles, nunca será posible hacer lo mismo con los activos intransferibles, siendo por tanto la igualdad perfecta imposible de alcanzar. En segundo lugar, es importante señalar que los activos culturales no tienen retornos directos per se. Un activo cultural es un atributo de un agente que tiene valor únicamente por la naturaleza de los arreglos sociales en una sociedad; es decir, no tienen un valor productivo directo, pero su posesión lleva a un mayor bienestar en la medida de que existe una jerarquía de valoración social históricamente determinada que privilegia ciertos atributos en desmedro de otros. Finalmente, es necesario distinguir entre el retorno directo de los activos y su valor social (Mailith y Postlewaite 2003:3). Los activos sociales suelen tener, además del retorno directo característico, un valor adicional producto también de la naturaleza de los arreglos sociales en una sociedad determinada. La educación, por ejemplo, genera retornos a los individuos no solamente por su efecto directo sobre la productividad sino también por el status que conlleva a quienes han tenido la oportunidad de acceder a ella. El tamaño de este valor adicional de los activos dependerá del grado de desigualdad en su distribución. Es decir, en la medida en que el activo esté en manos de pocas personas, la valoración social que se le otorgue será mayor y por ende será mayor el retorno indirecto que genere. Con ello, su impacto sobre la desigualdad del ingreso será más elevado.

Torturar los datos para decir medias verdades: midiendo la desigualdad con la encuesta de Apoyo

Los últimos datos recogidos por Apoyo para Lima y Callao en su estudio “Niveles Socioeconómicos para la Gran Lima” han dado pie a que algunos analistas cometan errores de interpretación de la evidencia mostrada por dicho estudio (me parece que guiados por cierta ceguera ideológica), llegando algunos al extremo de caer en errores imperdonables como los que he comentado en mi post sobre los narradores de cuentos. Estoy empezando a creer que no es casualidad que sea nuevamente Humberto Campodónico el protagonista de esta historia. Me ocuparé de él en otro post. Empezaré por discutir un post escrito por Raúl Mauro al respecto y de paso aprovechar para sentar las bases conceptuales en las que me apoyaré a la hora de comentar el pésimo artículo que Campodónico ha escrito en la República comentando los resultados del estudio en cuestión.

Empecemos con Mauro. De un tiempo a esta parte, Mauro viene escribiendo una serie de posts en su blog cuestionando la independencia del INEI y sugiriendo abiertamente (sin mostrar argumento serio al respecto) que este estaría manipulando las cifras de pobreza y desigualdad, poniendo en tela de juicio la calidad profesional de la gente que trabaja o que colabora con el instituto. Creo que dicha actitud le resta seriedad como analista. Por ejemplo, en un post reciente en donde critica a Alan García, menciona lo siguiente:
“Bueno, al parecer el Presidente debe estar tomando algo más que litio para tranquilizar los nervios, para que sus reacciones no avienten su popularidad al vacío. Por ello, ha aprovechado en anunciar, que a pesar que estamos en un año de crisis, la pobreza caerá a un menor ritmo que el año pasado, pero que finalmente caerá. Claro, le queda por delante no sólo los cuatro meses reglamentarios para la medición de los niveles de vida por un INEI politizado, sino también los cinco o seis meses adicionales para cocinar "matemática y estadísticamente" la reducción de la pobreza.” El Sonsonete que enroncha a García

En el post titulado “El INEI subestima la desigualdad”, Mauro calcula el índice de Gini y otras medidas de desigualdad a partir de unos cálculos que Campodónico construye a partir del artículo periodístico aparecido en el Comercio comentando los resultados del estudio de Apoyo. El cuadro de abajo resume los resultados de Mauro.

Luego, Mauro nos sugiere lo siguiente:
“Con esta evidencia entre manos, aventuro una hipótesis que quiero probar. La encuestadora IpsosApoyo ha tenido un mayor éxito en medir la desigualdad debido a que tiene una mejor aceptación entre "los ricos" para hacer este tipo de mediciones. No obstante, también puede pensarse que el INEI subestima, interesadamente, el nivel de desigualdad en nuestro país lo que, puede ser perjudicial para la legitimidad que este instituto tiene para presentar las estadísticas nacionales.” El INEI subestima la desigualdad (los subrayados son míos).

Me sorprende la sugerencia de Mauro. La encuesta de Apoyo es difícilmente un buen sustituto de la Encuesta Nacional de Hogares como para sugerir algo así, más aun si tenemos en cuenta el tamaño de muestra. Un argumento típico para cuestionar la capacidad de las encuestas de hogares para capturar la adecuadamente la distribución del ingreso consiste en evaluar la tasa de no respuesta en los deciles de ingreso más altos. Se argumenta que la encuesta no permite aproximarnos adecuadamente a la medición de los niveles de vida de los ricos debido a que estos constituyen una proporción muy pequeña de la población, la cual no es capturada por medio de una encuesta de hogares estándar. Si se le achaca a la ENAHO esa dificultad teniendo un tamaño de muestra para Lima Metropolitana del alrededor de 12,000 observaciones, me parece muy difícil que una encuesta de tan solo 1,221 observaciones (de las cuales solamente alrededor del 6% -poco mas de 70 observaciones- deben provenir del nivel socioeconómico más alto) pueda capturar de manera más precisa los niveles de vida de los ricos. Aunque necesitaría tener más información respecto al diseño de la encuesta, tengo la impresión que, bajo estas condiciones, lo más probable es que los errores estándar de los indicadores de desigualdad sean demasiado grandes como para confiar en ellos.

Para ilustrar mi punto, hice algunas simulaciones (a partir de un programa en Excel desarrollado por el estadístico chileno Juan Muñoz y distribuido en el modulo de muestreo del curso sobre pobreza y distribución del ingreso que organiza anualmente el Banco Mundial para su staff en Washington) para evaluar cual es la precisión que tiene una encuesta con muestreo aleatorio simple para capturar el tamaño de los ricos en una sociedad abstracta. Supongamos que efectivamente el tamaño de la población rica en esta sociedad es de 5%. La población es de 8000 habitantes (para aproximarnos gruesamente a los 8 millones que constituyen la población de Lima) y el tamaño de nuestra muestra es de 121 personas. Como todo estadístico sabe, el tamaño de la población no importa mucho, por lo que para nuestro ejercicio no hace mucha diferencia que el tamaño de esta sea proporcional al tamaño de la muestra. Luego de 3000 simulaciones, el tamaño estimado de los ricos por una encuesta con este tamaño de muestra oscila en un rango que va desde 0 hasta 11%. Como se observa, la magnitud del error es significativa. El programa en excel puede ser descargado desde aquí y algunos de los materiales del curso al que asistí pueden obtenerse en el siguiente link.

Tener un tamaño de muestra más grande permite reducir el tamaño del error (en este caso estamos hablando de una muestra doce veces más grande), aunque no de manera proporcional al incremento del tamaño de la muestra. Esto es, duplicar la muestra no significa que los errores caerán a la mitad. De hecho, los estadísticos saben que los errores son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. No obstante lo anterior, es claro que la ENAHO debe proporcionar estimados mucho más precisos que los que eventualmente nos daría la encuesta de Apoyo. Como dije anteriormente, sería preciso tener mayor información respecto al diseño metodológico de la encuesta, pero no tuve fortuna al buscar dicha información en su página web. Aparentemente, no sería de dominio público.

Argumentar –aun a nivel de hipótesis- que el INEI estaría subestimando la desigualdad basándose en evidencia tan poco solida me parece poco serio. Argumentar que el INEI estaría subestimando la desigualdad interesadamente amparándose en lo anterior me parece aun peor.