Junto a
esta verdad incuestionable, se han levantado muchas mentiras en ambos lados del
espectro político. La reciente publicación del libro de María Cecilia Villegas
ha reabierto el debate en relación a lo que realmente ocurrió con la
implementación de las políticas de planificación familiar durante los últimos
años del gobierno de Alberto Fujimori. No es mi intención evaluar el trabajo de
Villegas (dejo al lector el ejercicio de juzgar si los argumentos ofrecidos por
la autora le parecen convincentes). Mi interés en este artículo es someter a
escrutinio los argumentos que se han esbozado en el debate originado a
consecuencia de la publicación del libro.
A mi
entender, el debate en relación al caso de las esterilizaciones forzadas se
pueden resumir en dos ideas fuerza: una primera que sostiene que hacia fines de
los noventa alrededor de 300 mil mujeres fueron esterilizadas contra su
voluntad, y la segunda idea que afirma que este número alto de esterilizaciones
fue producto de una política intencional dirigida desde los más altos niveles
de poder. Estas ideas claves forman parte del sentido común que se ha
establecido sobre el tema y su relevancia política es tal que fue uno de los
argumentos más fuertes utilizados en las últimas dos campañas electorales en
contra de la elección de Keiko Fujimori. No es de extrañar que, cualquier
argumento orientado a cuestionar esta versión establecida, sea atacado con
tanta virulencia.
Sin
embargo, cualquier ejercicio de memoria debe basarse en la verdad, lo cual en
este caso implica un ejercicio riguroso de evaluación de la consistencia lógica
y empírica de las ideas fuerza mencionadas líneas arriba. En el caso de la
primera idea fuerza, ello pasa por evaluar si el numero de 300 mil
esterilizaciones puede ser defendido empíricamente sobre la base de evidencia.
¿Es esta defensa posible? Veamos.
Para concluir
si se esterilizaron 300 mil mujeres contra su voluntad, esto debería estar
asociado de alguna forma con el número de denuncias o casos identificados de
mujeres que afirmen haber sido engañadas o forzadas a recibir un procedimiento
quirúrgico de esterilización. Hay varias formas de aproximarnos a esta cifra.
Si lo miramos por el número de denuncias, entonces hay un total de 2074 mujeres
que han denunciado formalmente al Estado. Además existe un registro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en donde existen alrededor de 10 mil
casos. Estas cifras son dramáticas sin duda, pero incluso en este último escenario
estaríamos ante poco más de 3% de los casos. Se puede argumentar que existe un
sub-registro importante, dada las características de la población afectada,
pero cualquiera que haya trabajado con datos encontrara imposible de creer que
exista un 97% de sub-registro. Esto es simplemente imposible. Lo más plausible
es reconocer que las cifras están groseramente sobredimensionadas, y por lo
tanto la primera idea fuerza no resiste un análisis serio.
No es
sorprendente que en el debate surgido alrededor del libro muy pocos
comentaristas se hayan dedicado a defender la validez de la cifra de 300 mil esterilizaciones
forzadas. Algunos de ellos simplemente obviando el asunto, y otros minimizando
la relevancia de la dimensión cuantitativa. En todo caso, parece ser que varios
analistas van retrocediendo en el tema de las cifras y concentrándose en el
tema de que existió una política estatal intencionada. Lo cual nos lleva a
evaluar la pertinencia de la segunda idea fuerza.
Los
defensores de la hipótesis de que esto se trató de una política intencional
para esterilizar mujeres contra su voluntad han documentado exitosamente la
existencia de una política estatal que favoreció el uso de las esterilizaciones
como método de contracepción. Esta política se basó en el uso de mecanismos de
sanciones e incentivos para el logro de cuotas de mujeres esterilizadas. La
evidencia colectada es tal que no es posible negar la existencia de esta
política. A partir de lo anterior, los defensores de la segunda idea fuerza
concluyen que la política fue diseñada con la intencionalidad de esterilizar
mujeres pobres en contra de su voluntad con consentimiento de autoridades del
gobierno central. En palabras de Jelke Boesten, uno de los autores que más ha
estudiado el tema: “…sabemos que miles de mujeres fueron coaccionadas a
esterilizarse de acuerdo a un sistema de cuotas implementado por el personal
local de salud en respuesta a demandas del gobierno[1].”
A pesar de
que académicos como Jelke Boesten, Giulia Tamayo o Camila Gianella han hecho un
trabajo importante en la recolección de esta evidencia, encuentro defectuoso el
salto lógico entre la evidencia y la conclusión respecto a que se trató de una
política intencional. La sola existencia de una política basada en el uso de
cuotas e incentivos no basta para concluir que se trató de una política diseñada
para esterilizar mujeres en contra de su voluntad. Hay, en este argumento, una
interpretación muy estructural que deja poco espacio al rol de la agencia del
personal de salud. Si, por ejemplo, el gobierno introdujese un esquema de
incentivos y cuotas orientadas a mejorar la cobertura de vacunación, eso no
significa necesariamente que el personal de salud tenga carta blanca para
forzar a los niños a vacunarse en contra de su voluntad y la de sus padres.
Claramente, esto último no podría suceder sin la agencia del personal de salud
que decide entre cumplir las metas respetando los derechos de las personas o en
contra de estos.
Se ha
argumentado además que esta política se implementó en un entorno en donde las
autoridades sabían que estos abusos podrían ocurrir. Peor aún, que se sacó
ventaja de este entorno (ver este post de Camila Gianella). Así, la violencia
institucional del sector y las estructuras de discriminación que en él existen,
fueron aprovechadas para avanzar en el logro de las metas establecidas en la
política. Esta interpretación, aunque posible, es difícil de testear pues se basa
en un elemento no observable para el investigador como son las motivaciones del
formulador de la política. Alcanza para formular una hipótesis, pero no permite
probar nada. Más aun cuando es posible construir hipótesis alternativas sobre
el mismo hecho. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de trabajar en el
Estado o discutir con formuladores de política sabe que estos son conscientes
de los riesgos de implementar políticas públicas en un entorno con funcionarios
públicos mal remunerados, poco calificados, desmotivados e incluso en algunos
casos corruptos. Y lo que invariablemente te responden ante esa observación es
que no tienen otra opción que correr el riesgo de que la política pueda tener
efectos no deseados o simplemente no se podría hacer nada, pues es muy difícil
en el mediano plazo mejorar la calidad de los funcionarios públicos. Allí donde
Gianella ve mala fe e intencionalidad perversa, es posible tener una mirada
alternativa: implementadores de política operando en un entorno incierto y riesgoso
con funcionarios públicos de mala calidad[2].
En suma, no
creo que pueda descartarse que sea un tema de agencia de los proveedores de
salud más que una política intencionada lo que explique las esterilizaciones
forzadas. Con esto no quiero decir que esta política no haya existido. Sólo que
con la evidencia y argumentos presentados no puede descartarse la hipótesis
alternativa de que estas esterilizaciones sean producto de la agencia de los
proveedores de salud. Y, como sabe cualquier académico entrenado en el rigor de
la epistemología moderna, a menos que no se puedan descartar hipótesis
alternativas, es más difícil sostener la validez de nuestra hipótesis
preferida.
Y es en
este punto en donde la primera idea fuerza se vuelve importante. Si del total
de universo de esterilizaciones apenas el 3-5% (entre 10 mil y 15 mil mujeres,
para ir a un rango plausible con la evidencia) se tratan de casos en donde las
mujeres fueron forzadas, entonces es mucho más difícil argumentar que se trató
de una política intencionada de esterilizaciones forzadas. La razón es muy
simple: un formulador de política no diseña una intervención para afectar a un
porcentaje muy pequeño de una población objetivo. Si la política existió,
entonces debería estar asociado a una proporción muy grande del total de
mujeres esterilizadas, algo que ya vimos es muy difícil de demostrar
empíricamente. Por el contrario, la proporción pequeña de casos documentados es
más coherente con la hipótesis de que las esterilizaciones forzadas se deberían
a la agencia de los proveedores de salud. Por esta razón, los esfuerzos por
minimizar el tema del número de casos están descaminados; si estamos ante una fracción
muy pequeña del universo total, es mucho menos creíble que se trate de una política
intencionada.
La idea de
que detrás de las esterilizaciones forzadas exista un problema de agencia del
personal de salud no es ciertamente nueva. Así por ejemplo, Gonzalo Gianella
sostiene que “…resulta imperioso iniciar un debate más sincero. Este debate
debería comenzar por admitir una realidad ineludible: los médicos peruanos que
esterilizaron a miles de mujeres durante la década de los noventa y que en
muchos casos vulneraron sus derechos fundamentales, lo hicieron convencidos que
estaban haciendo medicamente lo correcto[3].”
Incluso Jelke Boesten, escribe en el artículo ya citado que “…el personal de
salud actuó con libertad relativa y no necesito ser convencido con violencia o engaño.
Por tanto, la complicidad del personal puede ser parcialmente explicado por el carácter
estructuralmente agresivo e incluso violento en contra de las mujeres en el
sistema de salud[4].” Esto
muestra además que no existe un consenso monolítico entre los estudiosos del
tema en relación al tema del rol de la agencia del personal de salud, algo que
los críticos al libro de Villegas han defendido.
En suma, me
parece claro que la primera idea fuerza es insostenible y la segunda, en el
mejor de los casos, requiere de evidencia más sólida. En el primer caso, es
importante sincerar el debate respecto a las cifras y precisar la naturaleza
política de su defensa. En lo personal, no veo ganancia alguna en insistir en
su defensa sabiendo que son claramente falsas, a menos que se pretenda dar
argumentos a los sectores que quieren negarlo todo. En el segundo caso, me parece
importante aumentar el rigor del debate y de la discusión de la evidencia. Mucha
de la investigación existente ha sido hecha bajo estándares de rigor científico
que no son los más adecuados, en donde el analista se confunde muchas veces con
el activista (una perversión con la que siempre hay que luchar en las ciencias
sociales y humanas). Dada la importancia y complejidad del caso, establecer la
verdad demanda elevar el rigor del análisis.
Quiero
terminar este texto con una cita de la última columna de Salomón Lerner en la
Republica: “…se pretende concluir que el Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar tenía un buen diseño... ¿No se busca
defenderla para, en el fondo, exculpar al principal responsable de la misma?”. Sin duda, esa es la motivación de muchos de
los críticos de las verdades establecidas sobre las esterilizaciones forzadas,
y corresponde ponerlos en evidencia como lo hace Salomón Lerner. Sin embargo,
es posible plantearse la misma pregunta es lo siguientes términos: ¿No será que
la distorsión de las cifras y las interpretaciones existentes de los hechos
buscan, en el fondo, inculpar al principal responsable de la política? Un
ejercicio de búsqueda de la verdad debería también poner en evidencia a
aquellos que distorsionan los hechos con una motivación política. Hace flaco
favor a la búsqueda de justicia para las mujeres esterilizadas en contra de su
voluntad quienes pretenden defenderlas sobre la base de mentiras.
[1] Boesten, Jelke. 2007. “Free
Choice or Poverty Alleviation? Population Politics in Peru under Alberto
Fujimori”. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 82, página 14.
[2] Se ha argumentado también el
encubrimiento de los casos como evidencia de la intencionalidad de la política.
Esto tan poco me parece sólido, en tanto que los formuladores de política y los
funcionarios públicos tienen incentivos a esconder las consecuencias negativas
de una política sea esta intencional o no.
[3] Gianella, Gonzalo. “Los
médicos peruanos y las esterilizaciones forzadas: la historia aún no termina”.
Disponible en: https://1996pnsrpf2000.wordpress.com/investigacion/salud/
. Gianella ha escrito también al respecto que “El enfoque debe recaer de manera
contundente sobre la responsabilidad de los médicos. Este debido a que las esterilizaciones
son procedimientos quirúrgicos, que solo pueden ser realizados por los médicos.
Si asumimos que las ordenes de cuotas desencadenaron los abusos, estaríamos asumiendo
que para los profesionales de salud que realizaron las esterilizaciones, una
orden es suficiente para vulnerar la dignidad de las personas.”
[4] Ver página 14.
