¿Crónica de un fracaso redistributivo anunciado? (I)

Uno de los lugares comunes que hemos escuchado en esta última campaña electoral es que el ascenso y posterior victoria de Humala sería el resultado del fracaso del modelo económico neoliberal. Se dice –en contra de la evidencia empírica que muestra lo contrario- que este modelo habría acentuado la pobreza y la desigualdad, y que el voto de las mayorías en el interior del país expresaría la protesta de los excluidos de los beneficios de un modelo que genera crecimiento pero no desarrollo. Para ello, se usan como evidencia algunas encuestas en donde la gente manifiesta querer cambios al modelo económico. El humalismo, entonces, habría ganado por una promesa redistributiva pendiente que ni Toledo ni García fueron capaces de cumplir.

Una análisis cuidadoso de estos datos en realidad revela que lo que la gente esta criticando no es el modelo económico en sí, sino mas bien aspectos que están vinculados con la gestión estatal. Entonces, más que fracaso del modelo, estamos ante un fracaso del Estado. La encuesta de Ipsos-Apoyo del último septiembre muestra claramente que cuando a la gente se le pregunta por los aspectos del modelo económico cambiaria esta responde mayoritariamente temas relacionados con el mal nivel educativo de la educación pública, la corrupción y el débil enforcement de la ley. El malfuncionamiento del Estado parece ser un mar endémico de nuestra sociedad y difícilmente podrían tener origen en el modelo económico vigente. La corrupción existió antes de los noventas lo mismo que los problemas de mala calidad de la educación. Si estos problemas han existido independientemente si el modelo económico fue de Estado interventor o de libre mercado, entonces sus orígenes deben buscarse más allá del modelo económico en sí.

Lamentablemente, se ha vuelto lugar común responsabilizar el modelo económico por todos los problemas del país, inclusive por temas como la delincuencia (ver, por ejemplo, este numero de Otra Mirada). Lynch básicamente acusa el modelo económico liberal del incremento de la delincuencia que afecta al país. El problema con este argumento es que no se sostiene cuando uno mira a países de la órbita bolivariana y observa que la percepción sobre violencia es más alta en varios de ellos.

Cuando el diagnostico es errado también lo serán las alternativas de solución. La evidencia muestra que la desigualdad y la pobreza han venido cediendo en los últimos años, aunque probablemente no a la velocidad ni en la magnitud deseada. ¿Es culpa del modelo económico que el avance no sea mayor? Como escribía el economista americano Arthur Okun, el sistema de mercado es inherentemente desigualador. A pesar de ello, hemos observado una reducción importante de la pobreza. Corresponde a la acción estatal corregir estas desigualdades mediante mecanismos redistributivos. Si no vemos redistribución, no es problema del modelo económico el cual ha venido redistribuyendo a pesar de la ausencia de capacidad estatal. Es el fracaso del Estado.

¿Cómo se expresa este fracaso? La muestra más patente es el hecho que varias dependencias del Estado devuelvan dinero al tesoro público simplemente porque no existe la capacidad de gastar. Y eso en parte tiene que ver con reformas que no se implementaron en los noventas y con reformas que se implementaron mal después. Cuando se introdujeron las reformas de mercado, se implementaron reformas institucionales en aquellos aspectos que se consideraron claves para el funcionamiento del nuevo modelo económico. Por ejemplo, se introdujo la independencia del Banco Central, se crearon las reguladoras y se modernizó la SUNAT. Y si algo funciona en el Estado, es precisamente parte de esa nueva institucionalidad construida en los 90s. Pero no todo lo que se hizo funcionó bien. Las reformas en el sector social estuvieron más sometidas al poder político y su uso clientelar sirvió para los propósitos del régimen pero no para mejorar la distribución del ingreso. Así, mientras que al Banco Central se le otorgo independencia, FONCODES y otros programas sociales fueron centralizados bajo el Ministerio de la Presidencia y el control directo del régimen. Y como pasa en casi todos los países con instituciones débiles como el nuestro, el clientelismo siguió estando ahí, como antes con García y Belaunde, pero presente bajo una nueva institucionalidad estatal.

No debería ser sorpresa entonces que la demanda por redistribución no haya sido satisfecha. La educación y la salud son un desastre, y el Estado invierte mal en una multitud de programas cuyos objetivos se superponen y que distribuyen muy poco. Urge una reforma en el sector social del mismo modo que se introdujeron reformas en el manejo de la gestión macroeconómica. El problema es, otra vez político. Los incentivos de reforma no existen. Para los políticos, es políticamente más rentable administrar lo que ya hay y eventualmente empezar algún programa nuevo que se asocie a su nombre. Es lo más sencillo. El problema es que ello no va a modificar sustancialmente la distribución del ingreso. Para ello se requieren de reformas que son políticamente más costosas. Por ejemplo, es fundamental invertir en la infancia proveyendo educación de calidad. Con ello, se mejoraría la distribución del capital humano y se ampliarían las oportunidades para los más excluidos de una forma sostenible en el tiempo. Pero, para hacer ello, hay que hacer algo con los maestros. Investigación experimental reciente (ver el reciente libro de Banerjee y Duflo) muestra que el maestro es el elemento más importante para mejorar la calidad educativa si la comparamos con inversiones alternativas como inputs escolares. Sin embargo, es políticamente costoso introducir medidas que los fuercen a capacitarse o eventualmente reemplazar a aquellos que simplemente no tienen la capacidad de enseñar. Es políticamente más rentable repartir libros, construir escuelas y equiparlas. Es algo que un político puede mostrar y que le puede ser redituable políticamente en el corto plazo pero que no resuelve el problema de calidad. Hacer reformas más fundamentales como introducir mejoras en el servicio público del sector educativo es costoso políticamente y los beneficios de una política de esta naturaleza toman décadas en materializarse. No debería sorprendernos entonces que nuestra educación siga en el sótano de la región a pesar del crecimiento económico.

(Continua)

El problema es el modelo político, no el económico (II)

La hipótesis central de este post es que la crisis del sistema de partidos a fines de los ochenta ha acentuado la debilidad del PMP en el país, acentuando con ello la baja calidad de las políticas públicas que emergen de este. Por esta razón, y ante la ausencia de reformas en el sistema político durante los 90s, el Estado ha resultado incapaz de responder ante las demandas redistributivas emergentes del proceso de crecimiento económico sostenido de los últimos 20 años producto de las reformas de mercado. Dentro de ello habría que mencionar especialmente un proceso de reforma truncado y mal diseñado como la descentralización, el cual ha acentuado las rigideces del sistema político.

Por una serie de factores como el colapso del sistema de partidos, la presencia de Sendero y la extendida crisis económica de fines de los 80s, las reformas de mercado fueron implementadas sin mucha resistencia de parte de los potenciales perdedores. La crisis económica implicó una sustancial reducción del poder político de facto con el que contaba tanto la clase política que administró el país durante los 80s como el movimiento social (e.g. los sindicatos) de aquel entonces, poder que fue re-asignado hacia unos pocos actores, básicamente los tecnócratas, los militares y nuevos actores políticos sin experiencia, ideas o partidos (los que contaban con mucha autonomía precisamente debido a la ausencia de mecanismos institucionales de rendición de cuentas como los que deberían de existir en un sistema de partidos institucionalizado). En ese contexto, la virtual desaparición de poderes de veto permitió la implementación veloz de un programa de radical de reformas liberales por parte de un grupo pequeño de actores, que logró sostener un conjunto de arreglos políticos inter-temporales durante buena parte de la década del 90. El problema de este esquema era políticamente sostenible en tanto se basara en la exclusión de los perdedores políticos de los 80s. La coalición política que gobernó el país durante los 90s no tuvo los incentivos necesarios como para incluir y compensar adecuadamente a los perdedores políticos de las reformas económicas, lo cual hubiera permitido asegurar la sostenibilidad de las mismas en el largo plazo. Era previsible que un reasignación de poder político de facto hacia estos sectores excluidos pudiera poner las reformas en cuestión. La introducción de rigideces que “blindaran” el modelo frente a la amenaza de reversión de políticas fue la respuesta sub-óptima del poder político de facto de aquel entonces.

Con la caída de Fujimori, ocurrió nuevamente una re-asignación del poder político de facto que terminó restituyendo el sistema de partidos y los poderes de veto cadavéricos que existían a fines de los 80s. El problema es que dicho cambio ocurrió sin que el sistema de partidos ni los otros actores sociales de aquel entonces hayan procesado los factores que explicaron su declive hacia fines de los 80s. Sin nuevas lecturas sobre la realidad e incapaces de representar los sectores sociales que emergieron en los últimos 20 años como consecuencia de las reformas estructurales (así como de aquellos que habían sido sistemáticamente excluidos en el pasado), no es de extrañar que este sistema sufra de problemas de representatividad. Sin partidos y organizaciones sociales que funcionen como agregadores de preferencias colectivas, otro no podría ser el resultado.

Las consecuencias de este proceso son diversas. Luego del colapso del sistema de partidos, la representación política post-Fujimori se han fragmentado y ahora co-existen los partidos tradicionales (sin programa ni nuevas lecturas de la realidad y con poca conexión con las dinámicas políticas regionales y locales) con una multitud de pequeños movimientos que canalizan intereses muy específicos y diversos de poco alcance nacional. En el marco del PMP esto ha derivado en el incremento del número de actores en la arena política, haciendo por tanto más complicada la creación y sostenimiento inter-temporal de arreglos entre los políticos. Asimismo, la votalidad de los partidos y movimientos (expresado en su existencia efímera y/o continua mutación) hace que la arena política sea muy inestable y por tanto los actores políticos tengan horizontes temporales muy cortos y con poca interacción entre ellos. Como consecuencia, los incentivos para desviarse de cualquier conducta cooperativa se han incrementado y con ello se ha deteriorado la calidad de las políticas públicas.

A la par de lo anterior, durante los 90s solo se realizaron reformas parciales a la maquinaria estatal. La reforma institucional operó esencialmente en aquellos sectores relevantes para la implementación del modelo económico sin prestar mucha atención aquellas aéreas vinculadas a la redistribución del ingreso a través de la provisión de bienes públicos, cuya débil institucionalidad fue mantenida durante los 90s del mismo modo como se había venido haciendo en el pasado. El manejo clientelistico del gasto social es la expresión de aquello. Asimismo, no se desmontaron muchas de las rigideces creadas en los gobiernos anteriores, como por ejemplo buena parte del régimen laboral. Como resultado de esto, la bonanza económica que el país ha experimentado desde la implementación del modelo liberal no se ha redistribuido adecuadamente entre los diversos sectores de la sociedad debido a la incapacidad del Estado de transformar la bonanza en bienes públicos para los pobres y excluidos. El mercado no puede ser responsable de dicha tarea debido a su limitado poder redistribuidor. Por esa razón, la causa de los problemas de gobernabilidad –cuya expresión básica es el incremento de la protesta social- que enfrentamos poco tiene que ver con el modelo liberal y más con la debilidad del Estado en su rol redistributivo. De ahí que en la actualidad el país enfrente una doble disyuntiva: por un lado, un sistema político incapaz de procesar las demandas e intereses de diversos sectores de la sociedad y, por otro lado, un Estado que no es capaz de responder a las presiones redistributivas de los pobres.

Tengo la impresión que el incremento de las protestas sociales debería ser visto también como un resultado (positivo tal vez?) de las reformas económicas. La evidencia muestra que los ingresos de los deciles de ingreso más pobres han crecido más que los de los más ricos, por lo menos en los últimos 10 años. Mas ingresos no solo significan un mayor consumo de bienes, sino también la satisfacción de otras necesidades, como la de ir a protestar, por ejemplo, si nos basamos en la pirámide de necesidades de Maslow. Protestar tiene un costo de oportunidad y el crecimiento continuo de los últimos años explicaría, al menos en parte, el incremento de presiones re-distributivas. Si algo bueno se puede extraer de este proceso, es la necesidad de replantearnos seriamente la reforma del Estado a fin de potenciar su rol redistributivo.

La Era de Milton Friedman o como los termocéfalos pretenden desconocer los logros económicos del modelo de libre mercado

El último número del Journal of Economic Literature trae un par de artículos muy interesantes. Uno es un literature review de Guido Imbens y Jeffrey Wooldridge sobre desarrollos recientes en los métodos econométricos para la evaluación de programas, de lectura altamente recomendable para los interesados en métodos cuantitativos.  El otro es un artículo escrito por Andrei Shleifer, titulado provocativamente “The Age of Milton Friedman”, que es básicamente una reseña de un par de libros que contiene evaluaciones contrapuestas sobre lo que algunos llaman modelo neoliberal. Sobre este último quiero referirme en este post.

El artículo es interesante si es que uno lo compara con la monserga de moda que le achaca todos los males del mundo al modelo de libre mercado. Hay gente muy inteligente como Stiglitz que está llevando la critica demasiado lejos, construyendo para ello un modelo del papel al cual atacar; el mismo que sin embargo no existe en la práctica. La izquierda y los críticos de la globalización lo citan mucho, y a el parece divertirle la notariedad ganada con argumentos que están bien para los legos y el público en general, pero que serian fácilmente cuestionadas por gente que está en la academia.

En el Perú, la gente de Actualidad Económica es la que más le sigue los pasos a este tipo de versiones apocalípticas de moda respecto a la evolución del capitalismo. Jurgen Schuldt es un caso emblemático de esto último:

“Los próximos años no son alentadores. El catedrático avizoró “turbulencias similares a las que se dieron entre las dos últimas guerras mundiales”, las cuales “se expresarán en proteccionismos crecientes en lo financiero, laboral, tecnológico y de activos, así como devaluaciones competitivas” lo que se traduce en que “los países se cierran e intentan desarrollarse dentro de cada bloque”.

Una nueva arquitectura internacional, deberá girar en torno a un Banco Central Mundial, “aunque aquello resulta utópico”, dijo Schuldt, “como lo es la desdolarización en Ecuador”, acotó, puesto que la crisis mundial no es coyuntural sino estructural, económica, política y tecnológica, “la misma que puede durar una o dos décadas”, puntualizó.

Los momentos económicos más preocupantes del sistema capitalista, son como “ondas, tanto cortas, cuanto largas, cada una con características propias, crisis que no es la primera dentro del sistema capitalista, porque ha sucedido una y otra vez, como parte del sistema capitalista y de acumulación del capital.” 

Según Schuldt, estaríamos frente a una crisis que podría durar una o dos décadas! Este me recuerda el tipo de lecturas que se difundían hacia fines de la década pasada cuando éramos testigos de la crisis asiática, la rusa y la brasileña.  En esos tiempos también había agoreros del final del modelo neoliberal y sin embargo un par de años mas tarde la situación se había normalizado y empezaba un ciclo de crecimiento económico mundial extraordinario. Podría apostar que Jurgen (y todos los fatalistas que coinciden con el) se equivoca, como se equivocaron los fatalistas antes.

Volviendo al artículo de Shleifer, creo que muchos de los críticos tienen una mirada muy sesgada, en donde los datos casi siempre están ausentes. Aquí comparto  la figura 1 de su artículo, en donde se muestra la evolución del producto bruto per-cápita mundial, la medida estándar de bienestar de los países. Como se desprende del grafico, entre 1980 (el momento del inicio del modelo de libre mercado según los críticos, debido a la llegada de Reagan y Thatcher al poder en USA e Inglaterra respectivamente) y el 2005 el PBI pc paso de ser alrededor de 5,500 dólares a alrededor de 9,000. Un incremento simplemente espectacular.

Con datos de Angus Maddison podemos construir una historia similar para el caso peruano. En el grafico que sigue pongo la evolución del PBI per-capita, la medida de bienestar más aceptada, para el periodo 1968-1990. Dicho periodo cubre el modelo de estado interventor impuesto en el país por el régimen militar de Velasco Alvarado; el gobierno de Belaunde, el cual aunque conto con algunos liberales en el régimen hizo muy poco por desmantelar el modelo anterior; y el gobierno populista de Alan Garcia. Cuando los militares tomaron el poder, encontraron un PBI pc de cerca de 3700 dolares y cuando lo abandonaron este llegaba a 4300 dolares. El crecimiento estuvo basado en endeudamiento externo, y no tardarían en estallar las bombas dejadas por los militares en manos de los regímenes democráticos de los 80s, los cuales dejaron el PBI pc en alrededor de 3000 dólares.

Con el modelo de libre mercado, el PBI pc creció de 3000 dolares a alrededor de 4500, como se observa en el grafico siguiente. Aun periodos de recesión, el PBI per-cápita no mostró una caída significativa, como sí ocurrió en los 80s.  

Me parece fundamental tener en mente datos como estos a la hora de juzgar un modelo económico como el vigente. Y esto es importante, más aun ahora que tenemos una crisis internacional encima. Con esto no quiero decir que el modelo sea perfecto, pero me parece sintomático que aun en el peor escenario el país seguirá creciendo, aunque sea a tasas modestas. Esto no ocurría en el pasado, cuando el modelo del estado interventor y basado en empresas públicas (como las que tanto añora Humberto Campodónico). Así, mientras que con la crisis de la deuda de 1982, el PBI per-cápita cayo de 4300 a 3600 dólares en un año, durante la crisis asiática-ruso-brasileña-argentina el PBI per-cápita se mantuvo constante. No hubo progreso, pero tampoco retroceso, mucho menos caídas dramáticas como las que ocurrían cuando las empresas públicas y un Estado interventor eran la base del manejo económico.  

Es importante tener esto en mente cuando algunos pretenden convertir la condena a Fujimori como una suerte de condena al modelo económico.  Veamos un par de ejemplos:

“La misma crítica es extensible a buena parte de la derecha peruana, sobre todo en la semana de la sentencia a Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad. ¿No se debería reclamar también un deslinde con el autoritarismo como forma de gobierno? ¿Crecimiento económico -en entredicho, además, teniendo en cuenta la enorme corrupción, justamente económica- sin derechos humanos? ¿Los costos sociales de la reinserción del Perú al sistema financiero mundial? ¿Las cuotas de sangre para la revolución capitalista en el Perú?”  La derecha sale del closet

Mas allá del dramatismo del autor (cuotas de sangre? Por favor!), lo cierto es que los datos sobre el crecimiento están ahí y el bienestar material observado en el país es claro para cualquier ciudadano de a pie. Ello explica en parte el apoyo que Fujimori goza aun en ciertos sectores de la sociedad peruana. Solo la cerrazón ideológica podría negar lo anterior.

Otro ejemplo, esta vez más extremista aun:  

“¿Podemos desligar estos escuadrones de la muerte del golpe de Estado del cinco de abril y del modelo económico neoliberal? No, de ninguna manera. El golpe, que es el mayor crimen que un gobernante puede cometer contra el Estado democrático, fue indispensable para encubrir y continuar la “guerra sucia” en curso. Y no sólo se trató, como quieren hacernos creer algunos incautos del período abiertamente dictatorial entre abril y diciembre de 1992, no nos olvidemos de todas las patrañas del CCD, Parlamento títere de la dictadura, para encubrir los crímenes que justamente acaban de ser sentenciados. Pero el terror de Estado que tuvo en los crímenes juzgados sus acciones más conocidas, fue también indispensable para aplicar el ajuste económico o la terapia de shock, esa forma de terror colectivo como señala Naomí Klein. ¿Cómo fue posible que se produjera esa expropiación masiva de los derechos sociales a la mayoría ciudadana, así como la privatización de los recursos públicos a través de procesos amañados a favor de una pequeñísima minoría de empresas principalmente extranjeras? Porque existía un Estado que aplicaba el terror, selectiva y colectivamente, y porque los que nos oponíamos sabíamos que nos jugábamos el trabajo e incluso la vida. En otras palabras, el Fondo Monetario Internacional  y los tecnócratas y empresarios que lo apoyaban necesitaban su Fujimori y su Montesinos, su Cantuta y su Barrios Altos.”  ¿Quién necesitaba Barrios Altos y Cantuta?

De veras que esta vez Lynch se llevo el premio a la termocefalia ideológica, y encima basándose en Naomi Klein que no se caracteriza precisamente por ser una analista objetiva. Me parece muy claro que buena parte de la izquierda termocefalica del país va a tratar de sacar ventaja de la condena a Fujimori para cuestionar el modelo económico. Sin embargo, por una situación muy circunstancial es que el modelo de libre mercado aparece relacionado al autoritarismo para el caso peruano. Lo cierto es que las reformas de mercado ocurrieron en diversas partes del orbe, con diversas variantes de sistemas políticos. En el Perú, en gran medida por la ausencia de contrapesos institucionales y por el desprestigio del sistema político, terminaron condicionando esta asociación con el autoritarismo pero no es posible establecer una relación causal entre ambos fenómenos. De hecho, los datos globales sugieren que las reformas de mercado estuvieron asociadas con regímenes democráticos más que con gobiernos dictatoriales. Cualquiera que mire los datos de Freedom House o la base de datos Polity IV y los combine con algunos de los índices de reformas estructurales hechos por la CEPAL o el BID puede constatar dicha asociación. Mirar más los datos no le caería mal a Lynch o a Bustamante.

Para los que creemos en los derechos humanos, la condena a Fujimori por crímenes de lesa humanidad es sin duda motivo de celebración, mas aun en un país mal acostumbrado a apostar por salidas autoritarias, ya sean de izquierda (la revolución armada en la que creyó buena parte de la izquierda del país) o de derecha (a la cual parece no molestarle acomodarse con algún régimen autoritario que le permita hacer ganancias).  Sin embargo, es preciso ver con objetividad la evidencia y lo que los datos muestran es que hubieron progresos durante los noventa a pesar de tener un régimen corrupto y autoritario. Probablemente, en ausencia de un régimen de esta naturaleza, el progreso material hubiera sido mejor, pero aun en estas condiciones los avanzado en los noventa fue mucho mejor a lo visto en nuestro pasado reciente. Ahora que el régimen político es democrático, es preciso demostrar que el progreso material puede ser mucho mejor y resolver la tarea pendiente de reducir las brechas y desigualdades que caracterizan al país. Creo que lo avanzando con el modelo económico es importante, pero la clave para avanzar hacia una mayor equidad parte por reformar el Estado y esa es la tarea que ninguno de los últimos gobiernos ha querido enfrentar.  

Tantas veces Argentina: el saqueo de los fondos de pensiones

Argentina es uno de esos países que son difíciles de comprender, inclusive para quienes hemos tenido la suerte de vivir una temporada por allá. En particular, es el mejor ejemplo que existe para argumentar en contra de la idea de que países que tienen mejor capital humano son capaces de diseñar e implementar mejores políticas públicas. Prometo escribir respecto al tema de pensiones en Argentina con más detalle pronto. Mientras, comparto un texto escrito por Mariano Scapin, amigo y compañero de estudios de la maestría en economía de la Universidad de San Andrés (ahora haciendo su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid) sobre el tema. Mariano trabajo con Roberto Cortes Conde, probablemente el mejor historiador económico de América Latina, por lo que no es casualidad la apelación al recurso de la historia en el texto que comparte desde Madrid.

SMZ

Las AFJP al Estado.
Reflexionemos, por que la historia argentina otra vez se repite…
Tomó público conocimiento el proyecto del Ejecutivo Nacional de apropiarse de
los fondos invertidos por particulares en las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, cifra cercana a las 4,5 miles de millones de dólares,
fruto de los aportes de los contribuyentes argentinos y de las inversiones que de
estos fondos realizaron las administradoras en sus más de quince años de
historia.

El sistema fue creado en los 90 por el entonces Presidente de la Nación, Carlos
Saúl Menem y el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
Entre los objetivos centrales se encontraba el de controlar el Gasto Público, ya
que era moneda común hasta entonces utilizar los ingresos en concepto de
cargas sociales aportados por los contribuyentes para cubrir gastos corrientes en
vez de reinvertirlos para asegurar mayores retornos a los futuros jubilados. La
triste experiencia inflacionaria primero, e hiper inflacionaria después,
enseñaron a los políticos argentinos que los abultados excesos en el Gasto
Público no solo eran no eran neutros, sino desbordaban en aumentos sostenidos
de precios.

El tránsito no fue sencillo, ya que el grueso agujero fiscal que se produjo al
reducir los ingresos provenientes de los aportes jubilatorios, sumados a la
inflexibilidad del Gasto Público argentino, llevó – entre otras razones no
menores – al triste colapso de 2001.

Sin embargo, se enseñó a los contribuyentes argentinos a responsabilizarse de
su futuro, a darles la oportunidad de elegir como invertir el fruto de su trabajo
y como preparse para su retiro.

Estos quince años las AFJP sufrieron ataques sistemáticos contra sus aportes.
Primero Domingo Cavallo, durante su segundo Ministerio, forzó a un canje de
parte de los activos líquidos de las Administradoras por Bonos del Estado
Nacional. El Presidente Previsional Adolfo Rodríguez Saá al declarar el default
de la deuda omitió incluir estos bonos, sabiendo que perjudicaba sensiblemente
el ahorro de los trabajadores argentinos. Sin embargo, durante el gobierno de
Kichner y su entonces Ministro Lavagna se extendió el no pago a estos bonos.
Pese a esto, cuando a finales del año pasado de abrió la posibilidad de cambiar
de sistema – esto es, pasar del privado (o capitalización) al público (de reparto)
más del 80% de los aportes decidieron seguir en el primer sistema.

La decisión del gobierno nacional atenta contra la libertad de los ciudadanos, de
elegir su forma de financiar su futuro de la manera más conveniente para ellos.
En definitiva, estamos nuevamente ante otro de los tan comunes atropellos a la
voluntad ciudadana del individuo. Y para el trasnochado que diga que el objeto
del Estado es redistribuir la riqueza, se le puede decir: para eso están los
impuestos. No solo uno paga impuestos para seguridad y defensa, sino también
para educación y salud. Por lo tanto, exigir que además de los impuestos los
ciudadanos tengan que aportar sus ahorros al Estado, es un disparate.

Corría el año 1946 en la Argentina, segundo año del primer gobierno de Perón.
Hasta entonces, no existían en el país un sistema jubilatorio público. Sin
embargo, una persona que ahorrara un equivalente al 11% en Cédulas
Hipotecarias del Banco Nacional Hipotecario, podría obtener tras 30 años de
ahorro un retorno equivalente al 75% de su salario en actividad, ajustables por
inflación, utilizando tanto los intereses como la amortización del capital
invertido (véase Cortés Conde, 2006). La nacionalización de las jubilaciones – y
la eliminación del sistema de cédulas hipotecarias por el de redescuentos
discrecionales de fondos del Banco Central de la Nación Argentina - promovió
la expropiación de millones de pesos de entonces desde los bolsillos de los
ciudadanos a las arcas del Estado, quien discrecionalmente repartió estos
fondos a gastos corrientes. Fue el inicio de la fiesta peronista y que, continuada
con otras medidas de tinte expropiatorio y populistas, creo uno de los mayores
sistemas de estafas planificadas: el sistema jubilatorio de reparto.

Más allá de los fondos, más allá del debate sobre el tiempo y las causas de la
expropiación del gobierno de Cristina Kirchner, debemos hacer mención en el
punto fundamental de la discusión. Bajo ningún concepto el Estado, entidad
creada bajo la idea de velar por la seguridad física y material de los ciudadanos,
puede extraer de su bolsillo sus ahorros, cuando no ya sus legítimos ingresos.

Este artículo, si bien breve y por lo tanto incompleto, simplemente trata de
hacer comprender la idea de que nosotros somos el Estado, y bajo ningún
concepto y/o causa puede este abrogarse el derecho de forzanos a elegir a
nosotros cómo, cuándo y qué ahorrar. Al menos, tengamos la conciencia limpia
de que al llegar a la tercera edad y, al mirar hacia atrás, hacia nuestras vidas,
podamos estar orgullosos de que fuimos responsables. De que decidimos por
nosotros mismos.

Mariano Scapin
scapinmariano@gmail.com

Las espinas de Durand

“Simple y atractivo; engañoso”. Así empieza el último artículo del sociólogo Francisco Durand, disponible en el blog de Actualidad Económica. Confieso que lo empecé a leer emocionado, pensando que el autor ofrecería una crítica sustentada al discurso oficial, según el cual las cosas marchan bien en el Perú.

Prosigue el autor:
“Estamos frente a un ídolo de autoridad: creer en algo si alguien importante lo dice. Para alejarnos del ídolo, preferimos ver otros indicadores y mejores métodos. Contra lo que afirma el discurso oficial, descubrimos que la bonanza oculta serios problemas del propio modelo económico y los refuerza.” (los subrayados son míos)

Mi emoción se desborda. ¿Qué será? ¿Nueva evidencia? ¿Mejores indicadores alternativos? ¿Hipótesis más audaces que den cuenta del fenómeno de interés? ¿Cuál es el gran descubrimiento que Durand, cual oráculo moderno, ofrece revelar? Veamos:

“Un análisis realista debe empezar entendiendo que el modelo neoliberal criollo centra el crecimiento en oligopolios y oligopsomios en su mayoría extranjeros que concentran y concentran el poder económico. Persistir en el modelo es reforzar estos rasgos, impidiendo el verdadero crecimiento con bienestar y bloqueando las oportunidades para todos. Los monopolios, y sus defensores, que los consideran intocables, impiden el desarrollo empresarial nacional acelerado de las pequeñas y medianas empresas y una más efectiva y permanente reducción de la pobreza.” (los subrayados son míos)

Desilusión. Ok, monopolios y oligopolios. ¿Que más? ¿Eso es todo? ¿Dónde esta la evidencia? Veamos otra vez:

“Para ver mejor esta dura realidad cambiemos el método palaciego y empresarial del jardín (mirar solo los casos de éxito, las flores) por otro panorámico (que también mire a la hierba mala). El análisis de la cúpula del poder económico y ciertos indicadores nos habla de bonanza con asimetrías y problemas. Tatsuya Shimizu (Instituto de Desarrollo Económico de Tokio) comprueba que entre 1987 y el 2001 las multinacionales del Perú pasaron de 25 empresas a 41 de las top 100 y que su porcentaje de ventas subió de 20.6% a 48.5%. Igual tendencia se observa en América Latina según informes de la CEPAL, indicando una fuerte extranjerización económica entre las empresas top. En el Perú es más extrema, hay menos éxito nacional y más posibilidades de nacionalismo económico.” (los subrayados son míos)

A ver. Según Durand, hay más extranjerización dentro de los grupos de poder económico y presenta cierta evidencia al respecto. Bueno, ¿y cual es la critica entonces? ¿Por qué el modelo esta mal? O, mejor dicho, ¿Cuál es la relación existente entre extranjerización y la debilidad del modelo económico por un lado y el progreso mostrado por el país en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza?

Tal y como esta planteado, pareciera que Durand cree que existe una especie de juego de suma cero entre el capital extranjero y el local, y que la presencia del primero inhibe el desarrollo de este ultimo. Si es así, ¿Cuál es la evidencia? Y si fuera cierto, ¿Cuál es la relación entre el grado de concentración del gran capital y el desarrollo de las pequeñas empresas? ¿A través de que mecanismos el gran capital bloquea el desarrollo de las pequeñas? El autor no ofrece ideas al respecto, solo nos dice que el modelo impide el verdadero crecimiento y bienestar sin argumentar porque. Solo nos queda creerle. Puro acto de fe.

La concentración del capital en pocas manos en un fenómeno generalizado en las sociedades capitalistas, y –a pesar de ello- muchos países han obtenido avances sostenibles en la reducción de la pobreza. Si esto es así, no me queda claro como es que dicho fenómeno si tendría que tener efectos perversos sobre la reducción de la pobreza en el Perú, tal y como sugiere el articulo de Durand. ¿Dónde esta la evidencia? El autor no es claro en establecer sus hipótesis y mucho menos presenta evidencia sólida que respalden sus apreciaciones. No es, en ese sentido, muy distinto a lo que hacen los propagandistas del régimen.

Gato por liebre. Durand empieza su articulo ofreciéndonos una mirada alternativa, un mirar las espinas y no solo las rosas del modelo. Al final, solo nos ofrece evidencia de que hay un proceso de extranjerización en la cúpula de los grupos de poder económico en el país. El autor asume que ello es malo per se, pero no ofrece hipótesis transparentes ni mucho menos evidencia sobre las relación entre esa extranjerización y el supuesto bloqueo que ella ejerce sobre la expansión de las pequeñas empresas y la reducción de la pobreza. ¿Dónde están las hipótesis? ¿Dónde están los datos? ¿En donde está el mejor método que nos ofreció al autor al principio de su artículo?

“Simple y atractivo; engañoso”. Una buena forma de describir el articulo de Durand. ¿No creen?