El debate sobre la verdad en el caso de las esterilizaciones forzadas

En los últimos años de la década de los noventa, muchas mujeres –en su gran mayoría, en condición de pobreza- fueron esterilizadas contra su voluntad. Desde entonces, estas mujeres –junto con organizaciones de la sociedad civil- han venido reclamando a la justicia peruana para que se sancione a los responsables y se repare a las víctimas, aun sin mucha fortuna. Esta situación no debería provocar otra cosa que no sea un sentimiento de solidaridad con las víctimas y un acompañamiento a su lucha por aquellos que creemos en el estado de derecho y en el respeto de las libertades individuales.

Junto a esta verdad incuestionable, se han levantado muchas mentiras en ambos lados del espectro político. La reciente publicación del libro de María Cecilia Villegas ha reabierto el debate en relación a lo que realmente ocurrió con la implementación de las políticas de planificación familiar durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori. No es mi intención evaluar el trabajo de Villegas (dejo al lector el ejercicio de juzgar si los argumentos ofrecidos por la autora le parecen convincentes). Mi interés en este artículo es someter a escrutinio los argumentos que se han esbozado en el debate originado a consecuencia de la publicación del libro.

A mi entender, el debate en relación al caso de las esterilizaciones forzadas se pueden resumir en dos ideas fuerza: una primera que sostiene que hacia fines de los noventa alrededor de 300 mil mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad, y la segunda idea que afirma que este número alto de esterilizaciones fue producto de una política intencional dirigida desde los más altos niveles de poder. Estas ideas claves forman parte del sentido común que se ha establecido sobre el tema y su relevancia política es tal que fue uno de los argumentos más fuertes utilizados en las últimas dos campañas electorales en contra de la elección de Keiko Fujimori. No es de extrañar que, cualquier argumento orientado a cuestionar esta versión establecida, sea atacado con tanta virulencia.

Sin embargo, cualquier ejercicio de memoria debe basarse en la verdad, lo cual en este caso implica un ejercicio riguroso de evaluación de la consistencia lógica y empírica de las ideas fuerza mencionadas líneas arriba. En el caso de la primera idea fuerza, ello pasa por evaluar si el numero de 300 mil esterilizaciones puede ser defendido empíricamente sobre la base de evidencia. ¿Es esta defensa posible? Veamos.

Para concluir si se esterilizaron 300 mil mujeres contra su voluntad, esto debería estar asociado de alguna forma con el número de denuncias o casos identificados de mujeres que afirmen haber sido engañadas o forzadas a recibir un procedimiento quirúrgico de esterilización. Hay varias formas de aproximarnos a esta cifra. Si lo miramos por el número de denuncias, entonces hay un total de 2074 mujeres que han denunciado formalmente al Estado. Además existe un registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en donde existen alrededor de 10 mil casos. Estas cifras son dramáticas sin duda, pero incluso en este último escenario estaríamos ante poco más de 3% de los casos. Se puede argumentar que existe un sub-registro importante, dada las características de la población afectada, pero cualquiera que haya trabajado con datos encontrara imposible de creer que exista un 97% de sub-registro. Esto es simplemente imposible. Lo más plausible es reconocer que las cifras están groseramente sobredimensionadas, y por lo tanto la primera idea fuerza no resiste un análisis serio.

No es sorprendente que en el debate surgido alrededor del libro muy pocos comentaristas se hayan dedicado a defender la validez de la cifra de 300 mil esterilizaciones forzadas. Algunos de ellos simplemente obviando el asunto, y otros minimizando la relevancia de la dimensión cuantitativa. En todo caso, parece ser que varios analistas van retrocediendo en el tema de las cifras y concentrándose en el tema de que existió una política estatal intencionada. Lo cual nos lleva a evaluar la pertinencia de la segunda idea fuerza.

Los defensores de la hipótesis de que esto se trató de una política intencional para esterilizar mujeres contra su voluntad han documentado exitosamente la existencia de una política estatal que favoreció el uso de las esterilizaciones como método de contracepción. Esta política se basó en el uso de mecanismos de sanciones e incentivos para el logro de cuotas de mujeres esterilizadas. La evidencia colectada es tal que no es posible negar la existencia de esta política. A partir de lo anterior, los defensores de la segunda idea fuerza concluyen que la política fue diseñada con la intencionalidad de esterilizar mujeres pobres en contra de su voluntad con consentimiento de autoridades del gobierno central. En palabras de Jelke Boesten, uno de los autores que más ha estudiado el tema: “…sabemos que miles de mujeres fueron coaccionadas a esterilizarse de acuerdo a un sistema de cuotas implementado por el personal local de salud en respuesta a demandas del gobierno[1].”

A pesar de que académicos como Jelke Boesten, Giulia Tamayo o Camila Gianella han hecho un trabajo importante en la recolección de esta evidencia, encuentro defectuoso el salto lógico entre la evidencia y la conclusión respecto a que se trató de una política intencional. La sola existencia de una política basada en el uso de cuotas e incentivos no basta para concluir que se trató de una política diseñada para esterilizar mujeres en contra de su voluntad. Hay, en este argumento, una interpretación muy estructural que deja poco espacio al rol de la agencia del personal de salud. Si, por ejemplo, el gobierno introdujese un esquema de incentivos y cuotas orientadas a mejorar la cobertura de vacunación, eso no significa necesariamente que el personal de salud tenga carta blanca para forzar a los niños a vacunarse en contra de su voluntad y la de sus padres. Claramente, esto último no podría suceder sin la agencia del personal de salud que decide entre cumplir las metas respetando los derechos de las personas o en contra de estos.

Se ha argumentado además que esta política se implementó en un entorno en donde las autoridades sabían que estos abusos podrían ocurrir. Peor aún, que se sacó ventaja de este entorno (ver este post de Camila Gianella). Así, la violencia institucional del sector y las estructuras de discriminación que en él existen, fueron aprovechadas para avanzar en el logro de las metas establecidas en la política. Esta interpretación, aunque posible, es difícil de testear pues se basa en un elemento no observable para el investigador como son las motivaciones del formulador de la política. Alcanza para formular una hipótesis, pero no permite probar nada. Más aun cuando es posible construir hipótesis alternativas sobre el mismo hecho. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de trabajar en el Estado o discutir con formuladores de política sabe que estos son conscientes de los riesgos de implementar políticas públicas en un entorno con funcionarios públicos mal remunerados, poco calificados, desmotivados e incluso en algunos casos corruptos. Y lo que invariablemente te responden ante esa observación es que no tienen otra opción que correr el riesgo de que la política pueda tener efectos no deseados o simplemente no se podría hacer nada, pues es muy difícil en el mediano plazo mejorar la calidad de los funcionarios públicos. Allí donde Gianella ve mala fe e intencionalidad perversa, es posible tener una mirada alternativa: implementadores de política operando en un entorno incierto y riesgoso con funcionarios públicos de mala calidad[2].  

En suma, no creo que pueda descartarse que sea un tema de agencia de los proveedores de salud más que una política intencionada lo que explique las esterilizaciones forzadas. Con esto no quiero decir que esta política no haya existido. Sólo que con la evidencia y argumentos presentados no puede descartarse la hipótesis alternativa de que estas esterilizaciones sean producto de la agencia de los proveedores de salud. Y, como sabe cualquier académico entrenado en el rigor de la epistemología moderna, a menos que no se puedan descartar hipótesis alternativas, es más difícil sostener la validez de nuestra hipótesis preferida.

Y es en este punto en donde la primera idea fuerza se vuelve importante. Si del total de universo de esterilizaciones apenas el 3-5% (entre 10 mil y 15 mil mujeres, para ir a un rango plausible con la evidencia) se tratan de casos en donde las mujeres fueron forzadas, entonces es mucho más difícil argumentar que se trató de una política intencionada de esterilizaciones forzadas. La razón es muy simple: un formulador de política no diseña una intervención para afectar a un porcentaje muy pequeño de una población objetivo. Si la política existió, entonces debería estar asociado a una proporción muy grande del total de mujeres esterilizadas, algo que ya vimos es muy difícil de demostrar empíricamente. Por el contrario, la proporción pequeña de casos documentados es más coherente con la hipótesis de que las esterilizaciones forzadas se deberían a la agencia de los proveedores de salud. Por esta razón, los esfuerzos por minimizar el tema del número de casos están descaminados; si estamos ante una fracción muy pequeña del universo total, es mucho menos creíble que se trate de una política intencionada.

La idea de que detrás de las esterilizaciones forzadas exista un problema de agencia del personal de salud no es ciertamente nueva. Así por ejemplo, Gonzalo Gianella sostiene que “…resulta imperioso iniciar un debate más sincero. Este debate debería comenzar por admitir una realidad ineludible: los médicos peruanos que esterilizaron a miles de mujeres durante la década de los noventa y que en muchos casos vulneraron sus derechos fundamentales, lo hicieron convencidos que estaban haciendo medicamente lo correcto[3].” Incluso Jelke Boesten, escribe en el artículo ya citado que “…el personal de salud actuó con libertad relativa y no necesito ser convencido con violencia o engaño. Por tanto, la complicidad del personal puede ser parcialmente explicado por el carácter estructuralmente agresivo e incluso violento en contra de las mujeres en el sistema de salud[4].” Esto muestra además que no existe un consenso monolítico entre los estudiosos del tema en relación al tema del rol de la agencia del personal de salud, algo que los críticos al libro de Villegas han defendido. 

  

En suma, me parece claro que la primera idea fuerza es insostenible y la segunda, en el mejor de los casos, requiere de evidencia más sólida. En el primer caso, es importante sincerar el debate respecto a las cifras y precisar la naturaleza política de su defensa. En lo personal, no veo ganancia alguna en insistir en su defensa sabiendo que son claramente falsas, a menos que se pretenda dar argumentos a los sectores que quieren negarlo todo. En el segundo caso, me parece importante aumentar el rigor del debate y de la discusión de la evidencia. Mucha de la investigación existente ha sido hecha bajo estándares de rigor científico que no son los más adecuados, en donde el analista se confunde muchas veces con el activista (una perversión con la que siempre hay que luchar en las ciencias sociales y humanas). Dada la importancia y complejidad del caso, establecer la verdad demanda elevar el rigor del análisis.

Quiero terminar este texto con una cita de la última columna de Salomón Lerner en la Republica: “…se pretende concluir que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar tenía un buen diseño... ¿No se busca defenderla para, en el fondo, exculpar al principal responsable de la misma?”.  Sin duda, esa es la motivación de muchos de los críticos de las verdades establecidas sobre las esterilizaciones forzadas, y corresponde ponerlos en evidencia como lo hace Salomón Lerner. Sin embargo, es posible plantearse la misma pregunta es lo siguientes términos: ¿No será que la distorsión de las cifras y las interpretaciones existentes de los hechos buscan, en el fondo, inculpar al principal responsable de la política? Un ejercicio de búsqueda de la verdad debería también poner en evidencia a aquellos que distorsionan los hechos con una motivación política. Hace flaco favor a la búsqueda de justicia para las mujeres esterilizadas en contra de su voluntad quienes pretenden defenderlas sobre la base de mentiras.

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[1] Boesten, Jelke. 2007. “Free Choice or Poverty Alleviation? Population Politics in Peru under Alberto Fujimori”. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 82, página 14.

[2] Se ha argumentado también el encubrimiento de los casos como evidencia de la intencionalidad de la política. Esto tan poco me parece sólido, en tanto que los formuladores de política y los funcionarios públicos tienen incentivos a esconder las consecuencias negativas de una política sea esta intencional o no.

[3] Gianella, Gonzalo. “Los médicos peruanos y las esterilizaciones forzadas: la historia aún no termina”. Disponible en: https://1996pnsrpf2000.wordpress.com/investigacion/salud/ . Gianella ha escrito también al respecto que “El enfoque debe recaer de manera contundente sobre la responsabilidad de los médicos. Este debido a que las esterilizaciones son procedimientos quirúrgicos, que solo pueden ser realizados por los médicos. Si asumimos que las ordenes de cuotas desencadenaron los abusos, estaríamos asumiendo que para los profesionales de salud que realizaron las esterilizaciones, una orden es suficiente para vulnerar la dignidad de las personas.”

[4] Ver página 14. 

La nacionalización de YPF en Argentina y sus implicancias para el Perú

Tenía este post pendiente pero la falta de tiempo no me permitió sacarlo antes. Creo que mucho de la discusión sobre el tema ha estado enfocado en lo simbólico, con poco énfasis en lo que me parece central: las consecuencias de mediano y largo plazo de la ausencia de derechos de propiedad estables. Los neoliberales a ultranza han cuestionado la expropiación desde su crítica usual al rol del Estado en la economía.  La izquierda por su lado ha enfatizado cuestiones de autonomía, reivindicando la participación del Estado en los llamados “sectores estratégicos”. Viendo el tema desde Perú, las reacciones de neoliberales y zurdos han ido más o menos por la misma dirección. Así por ejemplo, desde el Gran Combo Club y desde una perspectiva de izquierdas,Jorge Rendón Vásquez describe el tema en los siguientes términos:

“Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.”

Tengo la impresión que los liberales harían un mejor trabajo si se dedicaran a hacer pedagogía política utilizando el caso argentino como un ejemplo de lo que no debe de hacerse pero sin apelar al tremendismo al que alude Rendón. Este tipo de razonamientos son muy difíciles de sostener en un contexto global en donde la recesión, la débil regulación y las malas prácticas corporativas vienen siendo asociadas equivocadamente (con la participación tendenciosa de la izquierda) con el liberalismo. En este escenario, las acusaciones de la izquierda suenan creíbles y por ende cada vez más gente mira con simpatía la participación estatal en sectores como el petrolero.

Lo primero que habría que decirse es que, al estado actual del conocimiento económico, no existe evidencia empírica que indique que el Estado siempre es un mal gestor de recursos. Tenemos diversas teorías que proveen razones sólidas para desconfiar de este, pero es difícil obtener evidencia empírica concluyente al respecto. Al nivel internacional, existen ejemplos abundantes de empresas públicas eficientes (como Petrobras o Codelco) y también de otras en donde abunda la corrupción y la ineficiencia (como PDVSA). Entonces, no se trata de si la propiedad es privada o pública, sino más bien del entorno institucional que estas enfrentan. Si uno comienza a estudiar con algún detalle el caso de las empresas públicas que funcionan bien en la región, inmediatamente notara que existen mecanismos institucionales que garantizan que estas cuenten con una burocracia altamente calificada y con altos niveles de independencia del poder político de turno. Se trata entonces de la existencia de reglas de juego que crean incentivos que favorecen el desarrollo de una gestión eficiente, más allá del tipo de propiedad.

La pregunta entonces es si en Argentina (y de paso en el Perú) existen los requisitos institucionales para el desarrollo de una gestión eficiente en las empresas públicas. Parece que este no es el caso. De hecho, en el caso argentino ni siquiera las empresas privadas son totalmente independientes del poder político, como lo indica precisamente el hecho que Repsol se haya visto forzada por Néstor Kirchner a vender parte de sus acciones en favor de un empresario amigo del régimen. Como lo cuenta Xavier Sala-i-Martin:

“En 2007, y ya con Antoni Brufau al frente de la petrolera, el presidente Néstor Kirchner pidió a REPSOL que un grupo argentino entrara a formar parte de la compañía. Se trataba del grupo Petersen de la familia de Enrique Eskenazi. La familia Eskenazi era una familia de la alta burguesía de Santa Cruz, región que había sido presidida (oh! casualidad!) por Néstor Kirchner, antes de ser presidente de Argentina. De hecho, Enrique Eskenazi era amigo íntimo de don Néstor, tan íntimo que le había financiado las campañas electorales que le llevaron al poder. Es decir, el presidente Kirchner obligó en 2007 a REPSOL a aceptar un socio argentino que, casualmente, era un amigo íntimo de toda la vida y al que se le debían algunos favores políticos. Antoni Brufau aceptó porque sabía que siempre es bueno tener inversores locales con conexiones políticas. Es bueno que los insiders te señales la existencia de luces ámbar antes de que se vuelvan rojas. Por esto aceptó que la familia Eskenazi tenga primero el 15% y luego el 25% de la compañía.

Pero había un pequeño problema: los Eskenazi eran los ricos del pueblo en Santa Cruz, pero una cosa es que tus niños se paseen por el pueblo en lujosos horteras Ferraris rojos o que chuleen por las discotecas de moda de la zona y otra cosa muy distinta es comprar el 25% de una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares. Los Eskenazi no eran tan ricos!

¿Cómo consigue la familia amiga de Kirchner comprar el 25% de REPSOL-YPF? Pues obligando a YPF a PRESTARLE EL DINERO! Repito, Néstor Kirchner obliga a REPSOL a prestar el dinero a una familia amiga para que ésta compre el 25% de REPSOL. ¿Y cómo va a pagar esa familia semejante millonaria cantidad? Pues con los dividendos de la propia REPSOL. Es decir, REPSOL, el gobierno de Kirchner y el grupo Petersen de la familia Eskenazi firman un contrato (depositado en la Security Exchange Comission de New York) que obliga a REPSOL a dar el 25% de su capital a la familia Eskenazi y ésta se compromete a pagar de vuelta con los dividendos de REPSOL. Para garantizar que REPSOL pueda cobrar ese "crédito" (o quizá deberíamos calificarlo de extorsión), se obliga a REPSOL distribuir en forma de dividendos el 90% de sus beneficios.”

Cualquiera que conozca Argentina sabe de lo poco institucionalizado que es el país. Si los Kirchner lograron que una multinacional hiciera esto, ¿Cómo será cuando la empresa esté totalmente bajo el control estatal? ¿Sera capaz la empresa de invertir para expandir la producción, el argumento utilizado por el régimen para justificar la expropiación, en este entorno institucional? Cristina Kirchner ha dicho que la empresa se manejará con criterios de eficiencia, pero es muy difícil creer que esto será posible en el escenario descrito. Como ya pasó con las pensiones y Aerolíneas Argentina, lo más probable es que las necesidades de financiamiento de corto plazo del régimen terminen creando problemas que terminaran reventando en el largo plazo.

Muchos confunden la crítica a la expropiación como una defensa a REPSOL o a los españoles. Seguro habrá interesados en defender los intereses de la empresa, lo cual por cierto es legítimo.  Creo sin embargo que lo central es la defensa de un conjunto de principios esenciales que tienen soporte científico. Concretamente, existe un conjunto amplio de evidencia que sostiene la importancia radical que tiene la protección de los derechos de propiedad para el desarrollo de las naciones. El libro reciente de Daron Acemoglu y James Robinson, “Why Nations Fail”, tiene una cantidad importante de ejemplos que van en la dirección señalada. Aquellos países que garantizan el respeto a los derechos de propiedad muestran, en promedio, un crecimiento sostenible de la riqueza. Viéndolo en perspectiva, es precisamente la ausencia de instituciones que garanticen la protección de los derechos de propiedad lo que explica, por lo menos en parte, la debacle argentina de las últimas décadas.

Además de esta razón empírica, existe una cuestión de principio vinculada con el respeto de la ley. Creo que lo fundamental no es la discusión sobre si el Estado debe intervenir o no en los sectores estratégicos, debate que han privilegiado los defensores y críticos de la medida, sino más bien si es que vamos a admitir violaciones a los derechos fundamentales de las personas, entre estos, el derecho a la propiedad. Porque, hay que admitirlo, esto es simplemente un robo. Es como si alguien entrara a tu casa, se apropia de ella y luego decide pagarte lo que se le antoja. Y en esto la izquierda tendría que ser más principista en reconocer que se trata de un robo (lo cual difícilmente hará pues significaría admitir que su compromiso con los derechos humanos es estratégico). Claro, en sociedades en donde el respeto a los derechos individuales ha sido históricamente débil, no es de extrañar que muchos celebren una medida como esta, en particular por tratarse de una multinacional. Pero desde un punto de vista de principios, es lo mismo que el gobierno le quite la casa a una familia pobre que le expropie a una empresa sus acciones.

¿Qué lecciones podemos extraer para el caso peruano? Sin duda, la izquierda local ha querido jalar agua para su molino en su agenda de lograr una participación más activa del Estado en los sectores estratégicos. Tengo la impresión que debería replantearse el debate en relación a si tenemos los mecanismos institucionales que nos garanticen  empresas publicas eficientes y mi respuesta en ese caso es que estamos muy lejos aún de ese escenario. Ya vimos como PetroPeru funcionaba como caja chica del Toledismo. Tal vez si existiera un esfuerzo más serio de los defensores del estatismo por proponer la inclusión de mecanismos que promuevan la eficiencia en una eventual mayor participación del Estado en la economía la discusión sobre el tema sería más rica. Creo que la izquierda necesita ser más convincente: no basta mirar a los vecinos y decir “mira, ¿cómo ellos si tienen empresas públicas que funcionan bien?” sino fundamentar sobre qué es lo que ha cambiado en el país para que empresas públicas que en el pasado funcionaron muy mal ahora si operen con eficiencia. Y es que, si Brasil y Chile tienen buenas empresas públicas es porque también tienen burocracias e instituciones más sólidas. Porque, supongo que al final del día de lo que se trata es pensar respecto a qué condiciones debemos garantizar para que PetroPeru se parezca más a PetroBras y menos a PDVSA (o, con seguridad en unos años, YPF).  

Gracias Chorri

No soy muy fanático del futbol, pero ayer fue la despedida de Roberto “el chorrillano” Palacios, sin duda uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del futbol peruano. Muchos los recordaremos no solo por sus goles, muchos de impecable factura, sino sobre todo por esa entrega que dejaba en las canchas cada vez que vestía la bicolor de la selección. Un tipo de origen humilde, sin pretensiones de grandeza, al que -a pesar de su pequeña estatura- no le faltaba picardía para enfrentar al rival y demostrar una pasión increíble por el Perú. Pasará mucho tiempo antes que aparezca un jugador como el, que nos llene de emoción al observar su entrega.

Gracias “Chorri”, por lo goles y por enseñarnos la grandeza que hay en los pequeños y humildes. Por dejar siempre todo en la cancha.

Aqui una muestra de sus goles:

Jess Benhabib sobre democracia y distribución

En los últimos años, la literatura de economía política ha prestado bastante atención a esta pregunta. Fue Lipset el primero en sugerir esta relación (conocida como la teoría de modernización) pero, hasta el artículo de Acemoglu et al (2008) en el American Economic Review, no habíamos tenido evidencia creíble sobre esta relación.

En este video, Jess Benhabib, profesor de New York University, discute esta relación en una conferencia organizada por la Barcelona School of Economics.

Sobre la eliminación de compra de libros obligatoria en la educación básica

En la Hora N, Leon Trahtemberg comenta lo siguiente sobre la norma que prohibe la compra de textos educativos a una empresa determinada:

No sé ustedes, pero yo a priori tengo simpatía por el espíritu de esta norma, aunque es cierto que existen aspectos que pueden ser mejorados. Desde un punto de vista económico, se trata de un mecanismo para evitar la colusión de proveedores de servicios (educadores y editoriales) en desmedro de los consumidores (los hogares). Creo que las críticas de Trahtemberg, siendo válidas desde el punto pedagógico, no van al eje central de la intencionalidad de la norma. Me parece que se trata de permitir que la gente escoja entre comprar un libro nuevo o utilizar uno usado, sin que el colegio obligue a la compra del material. El colegio debe limitarse a indicar el material necesario y corresponderá a los padres de familia decidir entre usar material usado o adquirir uno nuevo.

Ahora, sobre los puntos mencionados por Trahtemberg, me quedan algunas dudas. Muchos de sus argumentos son subsanables.

1. Dice el entrevistado que la norma conlleva a que se diseñen libros de tal de modo que los niños no los utilicen. En esta entrevista, Jaime Delgado da uno alcances sobre la norma y no desprende de ella que lo anterior sea una consecuencia necesaria de la norma. La norma no obliga a que la padres no compren libros nuevos si así lo desean (lo cual, además sería un absurdo). Si un padre compra un libro nuevo, su niño podrá subrayarlo o escribirlo si así lo estima. Por otro lado, pareciera que Trahtemberg asume que todos los niños (y por extensión, los adultos también) subrayan sus libros. Cualquiera que haya comprado libros usados alguna vez en Amazon podrá dar fe que lo regular es que estos libros no tengan muchas marcas. En lo personal, yo no subrayo mis libros, prefiero hacer resúmenes pues me parece mejor estrategia para asimilar el contenido. No veo porque esto tendría que ser distinto entre los niños.

2. Concuerdo con Trahtemberg que el Estado debería entregar los textos gratuitamente a los niños que están en la educación publica, pero no veo la conexión con la norma. Aquí el punto es que no te pueden obligar a comprar los libros nuevos. Si el Estado entrega libros gratuitamente o no, debe ser motivo de otra discusión. Ciertamente, la práctica de entregar libros y exigir la devolución al final del año académico es defectuosa, pero eso no tiene que ver con combatir la práctica de varios colegios de exigir la compra de libros nuevos al inicio del año.

3. Ahora, es importante distinguir entre el requerimiento de la norma y la entrega de libros por el Estado pues me parece que Trahtemberg confunde ambas cosas. Supongamos que el Estado efectivamente entrega los libros gratuitamente. En ese caso, el problema seguiría persistiendo para los niños que van a la educación privada pues estos tendrían que comprar obligatoriamente el libro requerido por la escuela. Esto muestra que el argumento de Trahtemberg no tiene que ver con la propuesta de norma.

4. El argumento de la tecnología nada tiene que ver con la ley. Siguiendo con el ejemplo, si mañana un colegio pide un Ipad a sus alumnos, siguiendo el espíritu de la norma el colegio no podrá exigirle a los padres que compren un modelo o a algún proveedor determinado, ni mucho menos uno nuevo. Bastará con solicitar el aparato y los padres ya verán si compran uno nuevo o utilizan alguno usado de algún miembro del hogar.

Ninguno de los argumentos que he escuchado hasta ahora me parecen lo suficientemente sólidos como para oponerse a la norma pues los efectos nocivos que se le achacan o no están directamente relacionados con la norma o son manejables a través de algunos ajustes menores. Eso no significa que no haya espacio para mejorarla, para lo cual someterla a discusión pública es lo mejor.

Curso de Microeconometría en San Marcos

Este semestre voy a estar dictando un curso de microeconometría en la facultad de ciencias económicas de la UNMSM. EL curso está aún por confirmarse en la rectificación de matrícula, por lo que existe cierta probabilidad de que no se abra finalmente, pero mientras estamos trabajando con un grupo entusiasta de estudiantes con intereses econométricos. Nos reunimos los días sábado de 3-7 pm en el aula 201 (sotano) de la FCE.

Comparto el syllabus que preparé para los interesados.

Microeconometria: Identificacion y Causalidad en Modelos Empiricos - UNMSM

Resultados del II Curso de Econometria Aplicada para la Investigación Economica

RESULTADOS-CURSO-CIES

Últimos días para aplicar al II Curso de Econometría Aplicada para la Investigación Económica

Hoy es el último día para aplicar al II curso de econometría aplicada a la investigación económica que organiza el CIES y el Instituto Perú de la Universidad San Martin de Porres. Al igual que el curso que dictáramos el año pasado, los participantes seleccionados no asumirán costo alguno. Detalles de la convocatoria pueden verse abajo.

La filosofía del curso sigue siendo la misma: difundir los métodos econometricos avanzados entre aquellos sectores que tienen limitado acceso a estos, en especial a aquellos que provienen de las universidades publicas y de provincias del país.

CONVOCATORIA

II Curso de Econometría Aplicada para la Investigación Económica

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), conjuntamente con el Instituto Perú de la Universidad San Martin de Porres y un grupo de profesionales peruanos con formación de postgrado en el exterior, están organizando el II Curso de Econometría Aplicada para la Investigación Económica a realizarse del 27 agosto al 10 setiembre de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 4:00 a 8:00 p.m., en el local institucional del Instituto Perú. Esta iniciativa surge a partir del I Curso de “Econometría Aplicada para la Investigación Económica” dictado el mes de enero del año pasado y forma parte de las actividades de capacitación que ofrece el CIES gracias al auspicio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID).

El objetivo general del curso es contribuir a la formación de investigadores en las universidades del país mediante el entrenamiento en el uso intensivo de métodos estadísticos y econométricos modernos. En ese sentido, este curso es esencialmente metodológico y pondrá especial énfasis en el diseño de investigación y el uso de la econometría como herramienta para testear hipótesis económicas de interés más que en la discusión de las propiedades teóricas de estimadores. En un sentido más general, el curso pretende contribuir a cerrar las brechas en términos de formación en métodos cuantitativos que todavía existe en el país. En esa dirección, los participantes del curso serán entrenados en el uso de métodos econométricos avanzados para la identificación de efectos causales, aprenderán como implementarlos mediante el uso de software especializados como STATA y GAUSS, y aprenderán como relacionarlos con el diseño de una investigación especifica. Dado el énfasis metodológico del curso, se pondrá especial atención al trabajo con los participantes en el diseño de propuestas de investigación (más detalles syllabus adjunto).

Los requisitos para participar en el curso consisten en:

a) Carta de acreditación de universidad o centro asociado

b) Constancia de egresado o constancia de matrícula para alumnos de economía del último año.

c) Edad máxima del participante: 30 años (nacidos a partir de 1981)

d) Envío del currículum vitae (el formato también puede descargarse de la siguiente dirección http://www.scribd.com/doc/32919892/FormatoCV-CIES);

e) Una propuesta de investigación simple, máximo 2 mil palabras (ver punto 10 de syllabus adjunto)

Las postulaciones deberán ser enviadas a cursos@cies.org.pe

Fecha límite de solicitud de admisión: viernes 19 de agosto

Publicación de resultados: martes 23 de agosto

El curso no tendrá costo de materiales o matrícula para los participantes seleccionados bajo el compromiso de asistencia y participación activa en el mismo. Los certificados del curso se entregaran a nombre de las instituciones organizadoras.

El CIES brindará un cupo limitado de apoyo económico para los participantes de las instituciones asociadas al CIES de regiones (reembolso de pasajes terrestres, previa coordinación, contra entrega de sus respectivos boletos y S/.500 soles de viáticos)

Oficina Ejecutiva CIES

Lima, 5 de agosto de 2011

Syllabus:
http://cies.org.pe/convocatorias/2011/syllabus

Syllabus Econometria Aplicada II

Convocatoria:
http://cies.org.pe/convocatorias/2011/convocatoria-econometria

International Society for New Institutional Economics meeting en Stanford

Este fin de semana estaré presentando un trabajo en la conferencia anual de la International Society for New Institutional Economics que este año será en Palo Alto, en el campus de Stanford University. Es una conferencia bastante grande, como se puede desprender del programa (18 páginas!!).

ISNIE

Es una conferencia multidisplinaria en donde también presentan sus trabajos cientistas políticos y especialistas en temas legales. Los papers pueden descargarse aquí:

http://papers.isnie.org/stanford.html

Como puede verse, el programa luce muy interesante. Entre los nombres grandes de la especialidad, podemos ver a Douglass North, Barry Weingast, Kenneth Arrow, y Peter Murrell. Yo estaré presentando el día sábado en el panel sobre corrupción.

Les cuento mas después.

Manuel Dammert y la oferta humalista del gas a 12 soles

Aqui esta, el video de Dammert ofreciendo el balon de gas a 12 soles. Ver los ultimos segundos del video.

¿Crónica de un fracaso redistributivo anunciado? (I)

Uno de los lugares comunes que hemos escuchado en esta última campaña electoral es que el ascenso y posterior victoria de Humala sería el resultado del fracaso del modelo económico neoliberal. Se dice –en contra de la evidencia empírica que muestra lo contrario- que este modelo habría acentuado la pobreza y la desigualdad, y que el voto de las mayorías en el interior del país expresaría la protesta de los excluidos de los beneficios de un modelo que genera crecimiento pero no desarrollo. Para ello, se usan como evidencia algunas encuestas en donde la gente manifiesta querer cambios al modelo económico. El humalismo, entonces, habría ganado por una promesa redistributiva pendiente que ni Toledo ni García fueron capaces de cumplir.

Una análisis cuidadoso de estos datos en realidad revela que lo que la gente esta criticando no es el modelo económico en sí, sino mas bien aspectos que están vinculados con la gestión estatal. Entonces, más que fracaso del modelo, estamos ante un fracaso del Estado. La encuesta de Ipsos-Apoyo del último septiembre muestra claramente que cuando a la gente se le pregunta por los aspectos del modelo económico cambiaria esta responde mayoritariamente temas relacionados con el mal nivel educativo de la educación pública, la corrupción y el débil enforcement de la ley. El malfuncionamiento del Estado parece ser un mar endémico de nuestra sociedad y difícilmente podrían tener origen en el modelo económico vigente. La corrupción existió antes de los noventas lo mismo que los problemas de mala calidad de la educación. Si estos problemas han existido independientemente si el modelo económico fue de Estado interventor o de libre mercado, entonces sus orígenes deben buscarse más allá del modelo económico en sí.

Lamentablemente, se ha vuelto lugar común responsabilizar el modelo económico por todos los problemas del país, inclusive por temas como la delincuencia (ver, por ejemplo, este numero de Otra Mirada). Lynch básicamente acusa el modelo económico liberal del incremento de la delincuencia que afecta al país. El problema con este argumento es que no se sostiene cuando uno mira a países de la órbita bolivariana y observa que la percepción sobre violencia es más alta en varios de ellos.

Cuando el diagnostico es errado también lo serán las alternativas de solución. La evidencia muestra que la desigualdad y la pobreza han venido cediendo en los últimos años, aunque probablemente no a la velocidad ni en la magnitud deseada. ¿Es culpa del modelo económico que el avance no sea mayor? Como escribía el economista americano Arthur Okun, el sistema de mercado es inherentemente desigualador. A pesar de ello, hemos observado una reducción importante de la pobreza. Corresponde a la acción estatal corregir estas desigualdades mediante mecanismos redistributivos. Si no vemos redistribución, no es problema del modelo económico el cual ha venido redistribuyendo a pesar de la ausencia de capacidad estatal. Es el fracaso del Estado.

¿Cómo se expresa este fracaso? La muestra más patente es el hecho que varias dependencias del Estado devuelvan dinero al tesoro público simplemente porque no existe la capacidad de gastar. Y eso en parte tiene que ver con reformas que no se implementaron en los noventas y con reformas que se implementaron mal después. Cuando se introdujeron las reformas de mercado, se implementaron reformas institucionales en aquellos aspectos que se consideraron claves para el funcionamiento del nuevo modelo económico. Por ejemplo, se introdujo la independencia del Banco Central, se crearon las reguladoras y se modernizó la SUNAT. Y si algo funciona en el Estado, es precisamente parte de esa nueva institucionalidad construida en los 90s. Pero no todo lo que se hizo funcionó bien. Las reformas en el sector social estuvieron más sometidas al poder político y su uso clientelar sirvió para los propósitos del régimen pero no para mejorar la distribución del ingreso. Así, mientras que al Banco Central se le otorgo independencia, FONCODES y otros programas sociales fueron centralizados bajo el Ministerio de la Presidencia y el control directo del régimen. Y como pasa en casi todos los países con instituciones débiles como el nuestro, el clientelismo siguió estando ahí, como antes con García y Belaunde, pero presente bajo una nueva institucionalidad estatal.

No debería ser sorpresa entonces que la demanda por redistribución no haya sido satisfecha. La educación y la salud son un desastre, y el Estado invierte mal en una multitud de programas cuyos objetivos se superponen y que distribuyen muy poco. Urge una reforma en el sector social del mismo modo que se introdujeron reformas en el manejo de la gestión macroeconómica. El problema es, otra vez político. Los incentivos de reforma no existen. Para los políticos, es políticamente más rentable administrar lo que ya hay y eventualmente empezar algún programa nuevo que se asocie a su nombre. Es lo más sencillo. El problema es que ello no va a modificar sustancialmente la distribución del ingreso. Para ello se requieren de reformas que son políticamente más costosas. Por ejemplo, es fundamental invertir en la infancia proveyendo educación de calidad. Con ello, se mejoraría la distribución del capital humano y se ampliarían las oportunidades para los más excluidos de una forma sostenible en el tiempo. Pero, para hacer ello, hay que hacer algo con los maestros. Investigación experimental reciente (ver el reciente libro de Banerjee y Duflo) muestra que el maestro es el elemento más importante para mejorar la calidad educativa si la comparamos con inversiones alternativas como inputs escolares. Sin embargo, es políticamente costoso introducir medidas que los fuercen a capacitarse o eventualmente reemplazar a aquellos que simplemente no tienen la capacidad de enseñar. Es políticamente más rentable repartir libros, construir escuelas y equiparlas. Es algo que un político puede mostrar y que le puede ser redituable políticamente en el corto plazo pero que no resuelve el problema de calidad. Hacer reformas más fundamentales como introducir mejoras en el servicio público del sector educativo es costoso políticamente y los beneficios de una política de esta naturaleza toman décadas en materializarse. No debería sorprendernos entonces que nuestra educación siga en el sótano de la región a pesar del crecimiento económico.

(Continua)

Reflexiones post-electorales

Acabó el proceso electoral y ahora tenemos como presidente a Ollanta Humala. Hasta hace poco “el salto a vacio” y ahora –por esas cosas que tiene nuestra política local-la opción democrática de la coyuntura. Muchos celebran el que no se haya elegido la opción fujimorista. Se habría evitado, según muchos, el retorno de la mafia de Fujimori y Montesinos. La prensa fue una vergüenza, no solo El Comercio y Perú 21, sino también La Republica que dejaron de lado la objetividad y se enmarcaron en campañas de desprestigio contra Humala y Fujimori respectivamente. Ambos crearon miedos y minimizaron los riesgos de la alternativa que defendían. Una evaluación objetiva de su rol es tarea pendiente.

¿Quien perdió con estas elecciones?

Creo que la gran perdedora fue la verdad. Ya se ha dicho mucho de cómo los medios que apoyaron a Keiko Fujimori crearon miedos infundados sobre el manejo económico. Pero también es cierto que dentro de los simpatizantes de Humala se exageraron los miedos de un posible retorno del régimen corrupto y violador de los derechos humanos del 90. No existen las condiciones para la reproducción de un régimen de esa naturaleza en el Perú actual del mismo modo que la replicación del modelo venezolano es inviable. Lo cierto es que ambos candidatos generaban dudas pero de ahí al apocalipsis que pintaban los críticos de uno y otro lado hay mucho trecho.

También perdió la dignidad. Si, ya se, se dirá que se evitó que la mafia retorne al poder pero lo real es que el solo escenario de tener que elegir entre Humala y Fujimori ya era indigno para un país que ha aun no se recupera de las secuelas del conflicto armado interno. Desde 1985 y con excepción de Toledo, el Perú ha estado gobernado por presidentes que luego han enfrentado acusaciones serias de violaciones de derechos humanos. Alan García tiene en su haber acusaciones relacionadas a su participación en la matanza de los penales mientras que sobre Fujimori me ahorro comentarios para no repetir lo obvio. La novedad de esta elección es que es la primera vez en nuestra historia reciente que un acusado de violar derechos humanos es elegido democráticamente. Qué país más digno aquel que elige a alguien acusado de crímenes de lesa humanidad para evitar lo indigno que sería elegir a la hija de un violador de derechos humanos.

Se dirá que Humala ya fue investigado y que fue absuelto. Nada más ajeno a la verdad. No se pudo determinar su responsabilidad porque los testigos cambiaron de versión. La cosa huele mal teniendo en cuenta las acusaciones de compra de testigos en este caso y de la existencia de personajes vinculados a Humala en dicho proceso. Ojala que, por dignidad, se esclarezca lo que paso en Madre Mía.

¿Qué es lo que viene?

Como dije, no es de esperar que Humala introduzca cambios significativos en el modelo económico. Por lo menos no en el corto plazo. Probablemente se intente llevar a cabo los programas redistributivos del plan original. Me gustaría equivocarme, pero dudo mucho que estos programas tengan el impacto redistributivo que sus impulsores aseguran. Hay demasiado voluntarismo y poca reflexión seria acerca de cómo lograr cambios sostenibles en la distribución del ingreso en el mediano plazo. Ahondaré en estos aspectos en el futuro, pero el argumento básico es que dichas iniciativas asumen una capacidad estatal de la que carecemos.

Voluntarismo

Mucha gente voto por Humala con el argumento de que es posible hacerlo rendir cuentas. Algunos más ingenuos han empezado a hablar del “voto vigilante”. Yo tengo mis dudas. La gran verdad, es que solo en contextos muy particulares y de crisis, la movilización popular tiene algún poder para controlar a los gobiernos. Ya Humala a incluido en el comité de transferencia un militar retirado que firmo la acta de sujeción a Montesinos y nadie ha dicho nada. ¿Dónde están los vigilantes? Esa parece ser la “democracia facebook” de muchos en mi generación. No basta un “like” a la campana democrática virtual de moda.

El uso político del dolor ajeno

Las últimas semanas de la campaña se uso extensivamente el caso de las esterilizaciones forzadas. Estuvieron metidos medios de comunicación como la Republica, movimientos de izquierda, organizaciones de DDHH, entre otros. Apenas 4 días después de las elecciones ya nadie habla del tema. Seguro volverá con fuerza el 2016 por los mismos que ahora parecen ya haberlo olvidado.

Si, no gano Fujimori. Pero no puedo evitar sentir que, después de todo, también perdió la dignidad. Seguro perdió menos si comparamos este resultado con la derrota moral que hubiera sido tener al fujimorismo de vuelta. Pero el que hayamos elegido a un acusado de crímenes de lesa humanidad (con un movimiento de DDHH que se puso de costado y olvido que fueron ellos los primeros en cuestionar a Humala) no debería ser motivo de celebración. A menos que, después de todo, no seamos tan dignos.

Elegir entre el cancer y el sida

Se veia venir y falto grandeza entre los democratas.

“Poor Economics” y “More than Good Intentions”: Los nuevos libros de los randomistas

Hace poco hubo un debate interesante en la profesión sobre el rol de los experimentos en la economía de desarrollo. Los defensores del método experimental han sugerido que los experimentos aleatorios son el método de investigación por excelencia y han venido abogando por su uso intensivo en la evaluación de las políticas públicas. Por otro lado, un grupo de críticos argumentan, entre otras cosas, que el rol de la teoría económica es menos claro en este tipo de aproximaciones lo cual hace difícil la interpretación de los estimados y su generalización. Ambos bandos tienen argumentos a favor por lo que el debate está lejos de haber finalizado. Cuando tenga algo más de tiempo espero escribir un post con más detalles sobre el debate.

Dos nuevos libros, escritos por figuras prominentes en la literatura experimental en la economía del desarrollo, están por publicarse y prometen alentar más discusión sobre el tema. Se trata de “Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty” de Abihijit Banerjee y Esther Duflo y “More Than Good Intentions: How a New Economics Is Helping to Solve Global Poverty” de Dean Karlan y un co-autor menos conocido. Los libros ya pueden ordenarse vía Amazon e inclusive el de Banerjee y Duflo tiene una página web con información adicional, inclusive con los datos para descarga. Apenas reciba mis copias preparare una pequeña reseña para este blog. Mientras, aprovechen la rebaja de Amazon y consíganse sus copias.

PACDEV 2011 en Berkeley

Mañana se realiza la 8va. Pacific Conference for Development (PAC-DEV) en el campus de Berkeley. El programa puedes descargarse de aquí. Estaré presentando mi paper sobre corrupción y habrán otros peruanos presentando sus trabajos en otras secciones. El programa luce interesante. Les cuento mas después.

Pac-Dev 2011 Program