El problema es el modelo político, no el económico (II)

La hipótesis central de este post es que la crisis del sistema de partidos a fines de los ochenta ha acentuado la debilidad del PMP en el país, acentuando con ello la baja calidad de las políticas públicas que emergen de este. Por esta razón, y ante la ausencia de reformas en el sistema político durante los 90s, el Estado ha resultado incapaz de responder ante las demandas redistributivas emergentes del proceso de crecimiento económico sostenido de los últimos 20 años producto de las reformas de mercado. Dentro de ello habría que mencionar especialmente un proceso de reforma truncado y mal diseñado como la descentralización, el cual ha acentuado las rigideces del sistema político.

Por una serie de factores como el colapso del sistema de partidos, la presencia de Sendero y la extendida crisis económica de fines de los 80s, las reformas de mercado fueron implementadas sin mucha resistencia de parte de los potenciales perdedores. La crisis económica implicó una sustancial reducción del poder político de facto con el que contaba tanto la clase política que administró el país durante los 80s como el movimiento social (e.g. los sindicatos) de aquel entonces, poder que fue re-asignado hacia unos pocos actores, básicamente los tecnócratas, los militares y nuevos actores políticos sin experiencia, ideas o partidos (los que contaban con mucha autonomía precisamente debido a la ausencia de mecanismos institucionales de rendición de cuentas como los que deberían de existir en un sistema de partidos institucionalizado). En ese contexto, la virtual desaparición de poderes de veto permitió la implementación veloz de un programa de radical de reformas liberales por parte de un grupo pequeño de actores, que logró sostener un conjunto de arreglos políticos inter-temporales durante buena parte de la década del 90. El problema de este esquema era políticamente sostenible en tanto se basara en la exclusión de los perdedores políticos de los 80s. La coalición política que gobernó el país durante los 90s no tuvo los incentivos necesarios como para incluir y compensar adecuadamente a los perdedores políticos de las reformas económicas, lo cual hubiera permitido asegurar la sostenibilidad de las mismas en el largo plazo. Era previsible que un reasignación de poder político de facto hacia estos sectores excluidos pudiera poner las reformas en cuestión. La introducción de rigideces que “blindaran” el modelo frente a la amenaza de reversión de políticas fue la respuesta sub-óptima del poder político de facto de aquel entonces.

Con la caída de Fujimori, ocurrió nuevamente una re-asignación del poder político de facto que terminó restituyendo el sistema de partidos y los poderes de veto cadavéricos que existían a fines de los 80s. El problema es que dicho cambio ocurrió sin que el sistema de partidos ni los otros actores sociales de aquel entonces hayan procesado los factores que explicaron su declive hacia fines de los 80s. Sin nuevas lecturas sobre la realidad e incapaces de representar los sectores sociales que emergieron en los últimos 20 años como consecuencia de las reformas estructurales (así como de aquellos que habían sido sistemáticamente excluidos en el pasado), no es de extrañar que este sistema sufra de problemas de representatividad. Sin partidos y organizaciones sociales que funcionen como agregadores de preferencias colectivas, otro no podría ser el resultado.

Las consecuencias de este proceso son diversas. Luego del colapso del sistema de partidos, la representación política post-Fujimori se han fragmentado y ahora co-existen los partidos tradicionales (sin programa ni nuevas lecturas de la realidad y con poca conexión con las dinámicas políticas regionales y locales) con una multitud de pequeños movimientos que canalizan intereses muy específicos y diversos de poco alcance nacional. En el marco del PMP esto ha derivado en el incremento del número de actores en la arena política, haciendo por tanto más complicada la creación y sostenimiento inter-temporal de arreglos entre los políticos. Asimismo, la votalidad de los partidos y movimientos (expresado en su existencia efímera y/o continua mutación) hace que la arena política sea muy inestable y por tanto los actores políticos tengan horizontes temporales muy cortos y con poca interacción entre ellos. Como consecuencia, los incentivos para desviarse de cualquier conducta cooperativa se han incrementado y con ello se ha deteriorado la calidad de las políticas públicas.

A la par de lo anterior, durante los 90s solo se realizaron reformas parciales a la maquinaria estatal. La reforma institucional operó esencialmente en aquellos sectores relevantes para la implementación del modelo económico sin prestar mucha atención aquellas aéreas vinculadas a la redistribución del ingreso a través de la provisión de bienes públicos, cuya débil institucionalidad fue mantenida durante los 90s del mismo modo como se había venido haciendo en el pasado. El manejo clientelistico del gasto social es la expresión de aquello. Asimismo, no se desmontaron muchas de las rigideces creadas en los gobiernos anteriores, como por ejemplo buena parte del régimen laboral. Como resultado de esto, la bonanza económica que el país ha experimentado desde la implementación del modelo liberal no se ha redistribuido adecuadamente entre los diversos sectores de la sociedad debido a la incapacidad del Estado de transformar la bonanza en bienes públicos para los pobres y excluidos. El mercado no puede ser responsable de dicha tarea debido a su limitado poder redistribuidor. Por esa razón, la causa de los problemas de gobernabilidad –cuya expresión básica es el incremento de la protesta social- que enfrentamos poco tiene que ver con el modelo liberal y más con la debilidad del Estado en su rol redistributivo. De ahí que en la actualidad el país enfrente una doble disyuntiva: por un lado, un sistema político incapaz de procesar las demandas e intereses de diversos sectores de la sociedad y, por otro lado, un Estado que no es capaz de responder a las presiones redistributivas de los pobres.

Tengo la impresión que el incremento de las protestas sociales debería ser visto también como un resultado (positivo tal vez?) de las reformas económicas. La evidencia muestra que los ingresos de los deciles de ingreso más pobres han crecido más que los de los más ricos, por lo menos en los últimos 10 años. Mas ingresos no solo significan un mayor consumo de bienes, sino también la satisfacción de otras necesidades, como la de ir a protestar, por ejemplo, si nos basamos en la pirámide de necesidades de Maslow. Protestar tiene un costo de oportunidad y el crecimiento continuo de los últimos años explicaría, al menos en parte, el incremento de presiones re-distributivas. Si algo bueno se puede extraer de este proceso, es la necesidad de replantearnos seriamente la reforma del Estado a fin de potenciar su rol redistributivo.