¿Se puede reducir la desigualdad? Algunas reflexiones a partir del evento del IEP (I)

El día lunes pasado asistí a un evento del IEP del que me enteré por medio del blog de Martin Tanaka. El tema no podía ser más interesante: ¿Cómo reducir la desigualdad? Sin embargo, para ser sincero, el evento en si mismo me pareció un poco flojo y además no tan bien diseñado (no se permitieron intervenciones del público asistente, entre quienes estaban gente que podría aportar más al tema como era el caso de Javier Iguiñiz). La primera clarinada de alerta fue no ver entre los panelistas a especialistas en la materia: salvo parcialmente Jurgen Schuldt (quien comentó además que el no entendía porque lo habían invitado no siendo especialista en la materia), ninguno de los otros ponentes (Elmer Cuba, Hugo Santamaría y Humberto Campodónico) tienen investigaciones sobre el tema. Creo que el IEP pudo haber invitado a Richard Webb y Adolfo Figueroa de la vieja guardia, o a Javier Escobal o a Jaime Saavedra (quien me comentó que estaría por acá para estas fechas la última vez que lo vi en Washington, DC) de la generación más joven. No fue extraño observar como la discusión terminó derivando en un debate sobre la orientación de la política económica más que sobre la distribución del ingreso en si, tema cuyo análisis exige en principio un tratamiento sobre aspectos de largo plazo. Tengo la impresión de que la ausencia de especialistas afectó la calidad del evento.

Aquí comparto algunas impresiones sobre lo discutió y lo que se pudo haber discutido.

1. No hubo claridad sobre el tratamiento del tema, mucho menos un diagnostico claro acerca de la extensión de la desigualdad y una evaluación de sus determinantes. Hugo Santamaría empezó la discusión sobre el tema de manera incorrecta: hablo sobre pobreza y casi nada sobre distribución. Jurgen Schuldt hizo una presentación más clara de los conceptos distributivos y llamó la atención sobre las diferentes entradas al tema (distribución personal, espacial y factorial del ingreso), pero luego se perdió en la generalidad al invocar una suerte de retorno a teóricos dependentistas como Samir Amin. Elmer Cuba hizo, a mi entender, la mejor entrada en términos de ilustrar la complejidad del fenómeno distributivo marcando las diferencias entre conceptos como exclusión, pobreza y desigualdad para luego introducir el concepto de igualdad de oportunidades, aunque se quedo corto a la hora de abordar el tema distributivo en si mismo. Finalmente Humberto Campodónico, discutió de casi todo (empresas públicas, precios de alimentos, utilidades mineras y etc.) pero muy poco sobre el tema en si, aunque si menciono algunas ideas sobre como aumentar los salarios u otras medidas para incrementar el ingreso de los trabajadores, aunque no quedo claro en que medida ello haría mas equitativa la distribución de los ingresos.

2. La desigualdad supuesta y la ausencia de los datos. Creo que una de las características básicas de la mayoría de las intervenciones consistía en dar por verdaderas afirmaciones que no han sido testeadas empíricamente, como por ejemplo un supuesto implícito de que la desigualdad ha aumentado. Los datos sobre distribución del ingreso estuvieron casi ausentes en la discusión, a no ser de una referencia de Jurgen sobre la distribución funcional del ingreso y uno que otro dato suelto soltado por los ponentes. La poca evidencia presentada y el uso de datos de una sola aproximación (distribución funcional) no permitía tener un panorama completo de la problemática bajo análisis.

3. ¿Igualdad de que? Salvo Elmer Cuba, no hubo una discusión respecto a que dimensión de la desigualdad es relevante. Se menciono que lo importante seria la desigualdad de activos y Cuba introdujo también el tema de la igualdad de oportunidades. A pesar de ello, el tema se terminó concentrando en medidas para abordar la desigualdad de activos y la de ingresos. No quedó claro porque la desigualdad es un problema y en que medida su reducción es un objetivo de política deseable, salvo una alusión de Cuba respecto a que no tendría nada de malo que los más productivos tengan mayores ingresos. En el fondo, el no aclarar de partida la dimensión normativa de la distribución oscureció un poco el debate.

4. Ganó la coyuntura. Como mencionaba líneas arriba, el debate terminó siendo dominado por asuntos de coyuntura (como es el caso del reciente paquete legislativo) y de paso con algunas afirmaciones y lugares comunes sobre el modelo de desarrollo (como la de Campodónico diciendo que estaba demostrado el fracaso del Consenso de Washington). Hace algunos años atrás, el profesor Figueroa demostraba que a pesar de los continuos y en ocasiones extremos cambios en la política económica y el patrón de desarrollo (desde un liberalismo librecambista a un modelo interventor estatista), la desigualdad permanecía como una variable relativamente insensible. Esto sugiere que es necesario ir más allá del corto plazo si es que queremos resolver los problemas distributivos del país, si es que estos son tales. La discusión basada en la coyuntura ayuda muy poco en esa dirección, y las discusiones sobre el cambio del modelo como vía para la mejora en la distribución no parecen ser muy relevantes si tenemos en cuenta los resultados del estudio de Figueroa.

5. ¿Como redistribuir? Elmer Cuba mencionó de partida la idea de que la redistribución del ingreso debería estar basada mas en la acción estatal a través de impuestos que en una aventura revolucionaria como antaño, por lo que una redistribución de activos clásica como pensaba la izquierda en los 70’s y 80’s no funcionaría. De esta manera, una buena parte del debate tuvo que ver con el rol redistributivo del Estado. Me parece que, tanto entre ortodoxos y heterodoxos, existe ya un consenso en que el Estado tiene que asumir un rol importante en esa dirección (aunque con diferencias respecto al alcance del mismo, con Cuba y Santamaría sugiriendo un Estado proveedor de servicios sociales básicos e infraestructura, mientras Campodónico reivindicaba el uso de empresas publicas como una alternativa de incrementar la recaudación para financiar medidas redistributivas), aunque tengo la impresión de que existe un exceso de optimismo respecto a la real capacidad que este efectivamente tiene en esa tarea, tanto de la izquierda como de la derecha. Me parece que una discusión sobre la economía política de la redistribución hubiera sido interesante, porque tengo la impresión de que en el caso del Estado peruano ello no es cierto. Ni siquiera las medidas redistributivas más radicales llevadas a cabo por nuestro Estado, como es el caso de la reforma agraria, tuvieron un impacto importante en la distribución del ingreso, como mostrara el profesor Figueroa en el libro que publicara con Richard Webb sobre el tema. Por otro lado, creo también que hubo un exceso de confianza sobre algunas medidas redistributivas sugeridas por Campodónico como el salario mínimo o las pensiones no contributivas. Discutiré ello en otro post.

6. ¿Adiós a lo Lakatos? Algo que me llamó poderosamente la atención fue la naturaleza de las intervenciones de Jurgen Schuldt. Como mencioné más arriba, me sorprendió mucho su sugerencia explícita de volver al dependentismo como aproximación analitica. Creo que si bien Jurgen no se dejo llevar mucho por la discusión de corto plazo que dominó el resto de las intervenciones, sus aproximaciones de largo plazo basadas en un programa de investigación regresivo como el de los teóricos de la dependencia me dejo un poco decepcionado. Me recordó la frase de Lakatos, respecto a que el cambio cientifico no ocurre necesariamente porque una teoria sea mejor que la otra, si no porque los defensores de las teorias viejas van pasando al retiro aun conservando sus creencias. Por otro lado, Campodónico pareciera que dejo de ser economista y se ha convertido en un político más. Me sorprendieron mucho sus referencias al comportamiento de las empresas públicas de países como Chile (Codelco) y Brasil (Petrobras) para justificar una mayor intervención estatal, obviando el hecho de que dichos paises tienen una burocracia e institucionalidad que largamente superan en calidad a la nuestra. En la ausencia de tales condiciones, es difícil pensar que en el Perú las empresas públicas vayan a tener similar desempeño sin convertirse en la caja chica de los gobiernos como ocurre con Petroperú. No tenemos las mismas instituciones, por lo tanto el argumento de Campodónico no funciona.

Bueno, hasta aquí dejo mis percepciones. En otro post ensayaré una respuesta a la pregunta planteada por el IEP y que siento no fue respondida adecuadamente por los ponentes invitados.

¿"Crisis distributiva" a la vista? Sobre la desigualdad y la protesta social

Desde hace unas semanas, como producto del debate sobre los números de pobreza, se ha comenzado a discutir nuevamente el tema de la desigualdad en el Perú. Una de las aristas de la discusión, tiene que ver con la intensificación de la protesta social como resultado de la incapacidad del modelo económico para redistribuir la bonanza económica. Así, tendríamos que la elevada desigualdad seria el principal factor detrás de las últimas protestas, como la ocurrida en Moquegua.

Desde un punto de vista teórico, existen muchas aproximaciones conceptuales que tratan de dar cuenta al fenómeno en cuestión. En 1993, el profesor Adolfo Figueroa publico un libro titulado “Crisis Distributiva en el Perú”. En dicho trabajo, Figueroa introduce su teoría de la tolerancia limitada a la desigualdad según la cual podemos suponer que los individuos tienen un sentido de justicia o equidad, esto es, tienen un umbral de tolerancia a la desigualdad. Si los niveles de desigualdad van más allá de dichos umbrales de tolerancia los individuos rechazarán el resultado distributivo imperante, desconociendo las reglas de producción y distribución establecidas en el contrato social. Así, no cualquier distribución del ingreso será socialmente tolerada.

Cualquier resultado distributivo que se encuentre ubicado lejos de la región de tolerancia conllevará a que la gente emprenda un conjunto de acciones conducentes a modificar la distribución del ingreso resultante a través de mecanismos situados fuera del mercado y obviando cualquier parámetro institucional. Un elevado grado de desigualdad implica una extendida situación de pobreza en la sociedad, por lo cual este conjunto de acciones consistirá básicamente en el desarrollo de estrategias de sobrevivencia por parte de los grupos menos favorecidos de la sociedad para afrontar los efectos perniciosos de la extrema inequidad.

En este contexto, los individuos desconocerán los derechos de propiedad establecidos. Aumentarán los robos, los asaltos y se incrementará el riesgo de agresión a la integridad física. Por otro lado, se elevará la proporción de los ingresos resultado de relaciones no contractuales, obtenidos por medio de la realización de actividades ilegales. Aumentarán los fraudes y los sobornos destinados a eludir los intentos de las autoridades para erradicar la ilegalidad. Como resultado de todo esto se incrementarán los niveles de violencia a la par que campeará la corrupción.

En términos agregados si el empobrecimiento relativo de los grupos sociales menos favorecidos cruza el umbral de tolerancia podrían generarse condiciones para la realización de acciones colectivas de rechazo al resultado distributivo. Estas acciones podrían derivar en una excesiva fragmentación y conflicto social que afectaría sensiblemente la solidez misma del contrato social, dándose paso a lo que Figueroa ha denominado crisis distributiva.

Dado el rechazo de los grupos sociales menos favorecidos a las reglas de producción y distribución configuradas en el contrato social, éstos intentarán establecer nuevas pautas distributivas de carácter privado por medio del uso de la fuerza. Debilitado el contrato social, la sociedad será víctima de un severo desorden social.

Las consecuencias del desorden social serán diversas. En primer lugar, se incrementarán los costos de protección de la propiedad, lo cual significa que la sociedad se verá en la necesidad de elevar el monto de sus recursos escasos destinados a proteger los derechos de propiedad establecidos. En segundo lugar, los costos de transacción se verán incrementados sustancialmente. El establecimiento de relaciones contractuales requerirá ahora incurrir en costos adicionales con lo cual la dinámica del sistema económico se verá trabada. Finalmente, se deteriorarán las relaciones de confianza entre los miembros del sistema social. La desconfianza será la pauta predominante en las relaciones sociales establecidas a propósito de los intercambios sociales en el sistema de mercado, en el sistema político y el orden institucional.

¿Estamos en la actualidad ante una “crisis distributiva” en el sentido sugerido por Figueroa? A pesar de que se ha impuesto como sentido común la idea de que la desigualdad ha crecido, lo cierto es que no tenemos evidencia de que esta haya efectivamente aumentado (estoy trabajando en un post sobre ello, pero adelanto que el coeficiente de Gini es prácticamente el mismo entre el 2004 y el 2007). ¿Si la desigualdad no ha cambiado mucho en los últimos años, porque entonces la protesta social es más intensa hoy?

Algunas respuestas:

a) Podría pasar que no es necesaria una mayor desigualdad para que los conflictos sociales estallen. Basta con que la gente crea que la desigualdad aumentó (que es lo que también creen los analistas que no miran los datos). Por ejemplo, Nelson Manrique lo describe de este modo:
“El dato más relevante es que el 86% de los peruanos consideran que la distribución de la riqueza en el Perú es injusta y muy injusta, contra un 11% que piensa lo contrario. Comparando estos resultados con los de hace un semestre, ha aumentado el número de quienes piensan que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. No es difícil adivinar a qué estrato social pertenecen quienes suscriben una y otra opinión.” (el subrayado es mío) Pobres si, tontos no en Peru21.

Es interesante notar que la desigualdad no cambio, pero si la percepción de su cambio, según los resultados comentados por Manrique. Entonces, podríamos revisar la teoría de Figueroa sugiriendo que lo importante es el cambio “percibido” de la desigualdad más que su cambio real.

b) La otra posible respuesta es considerar que simplemente la desigualdad en si no tiene nada que ver y son otros los factores detrás de la intensificación de la protesta social. Esto podría ayudarnos a explicar, de paso, otros periodos de nuestra historia económica reciente. Por ejemplo, lo que más se acerca a la descripción de Figueroa sobre crisis distributiva según mi opinión, es la debacle económica a fines de los ochenta y principios del noventa. El impacto distributivo de la crisis fue de una magnitud importante, y sin embargo la protesta social fue minima comparada con la extensión e intensidad que tiene esta en la actualidad.

Tengo la impresión de que son otros factores los que están detrás del incremento en la intensidad y la duración de los conflictos sociales. La desigualdad es solo un pretexto. Sugiero la siguiente interpretación.

Asumiendo que los agentes son racionales, la decisión de protestar es el resultado de un calculo costo-beneficio. Entre los costos podemos considerar el ingreso dejado de ganar por no trabajar para ir a protestar y la probabilidad de ser castigado por la autoridad publica. Los beneficios incluyen los recursos que se obtendrían en caso de ser exitosa la protesta. Dado que estamos hablando de una acción colectiva, tenemos que tomar en cuenta que dicha acción será más exitosa en tanto el beneficio a obtener sea menos parecido a un bien público y en tanto el número de los interesados sea más pequeño. En palabras de Mancur Olson ".... a menos que el numero de miembros del grupo sea muy pequeño, o que haya coacción o algún otro mecanismo especial para hacer que las personas actúen por su interés común, las personas racionales y egoístas no actuarán para lograr sus intereses comunes o de grupo" (La Lógica de la Acción Colectiva: Bienes Públicos y la Teoría de los Grupos). Dado que la acción colectiva implica incurrir en costos y como los beneficios a obtenerse por medio de la acción suelen ser indivisibles (bien público), entonces aparece el problema del gorrero (free rider problem). Los individuos optarán por no intervenir en la acción puesto que igual se beneficiarían de ésta sin necesidad de incurrir en costo alguno. Bajo estas condiciones, una protesta será más exitosa en tanto se resuelva más eficientemente estos problemas de acción colectiva.

¿Por qué entonces se protesta más ahora habiéndose mantenido la desigualdad constante? La respuesta simple es que es más rentable hacerlo ahora que hace un tiempo atrás. Dada la bonanza económica, el Estado cuenta con más recursos. Al haber más recursos, el beneficio esperado de una acción colectiva es mucho más alto que, digamos, durante la crisis de fines de los noventas cuando el Estado peruano estaba empobrecido y en donde si hubo un incremento de la desigualdad. Adicionalmente, la bonanza también contribuye a “financiar” la protesta social, puesto que la acción colectiva implica incurrir en costos. Con más recursos en los bolsillos, la gente puede –además de cubrir mejor sus necesidades básicas- financiar su participación en acciones colectivas. No es casualidad que las acciones colectivas mas exitosas hayan ocurrido en las regiones menos pobres del país.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la penalidad por incurrir en acciones colectivas en el país es bajísima. Los que tomaron el puente Montalvo en Moquegua sabían bien que no les pasaría nada a pesar de que estaban cometiendo un delito. Ante un Estado al que le cuesta mucho hacer enforcement para el cumplimiento de la ley, el costo penal de tomar un puente para los que realizan una toma ilegal converge prácticamente a cero.

Para resumir, me parece que la desigualdad tiene poco que ver con las recientes protestas. No en vano son precisamente las regiones menos pobres las que lograr organizar acciones colectivas exitosas. Las razones: a) hay mas recursos para protestar, b) la torta (los recursos fiscales) ha crecido, c) el costo penal de protestar es bastante bajo, d) los problemas de free rider son resueltos de mejor manera pues los recursos obtenidos a partir de la protesta están mas focalizados a grupos específicos (ejm: una región concreta, o un grupo de protesta concreto como los maestros).

El problema de esta lógica redistributiva, es que los grupos más pobres son los que menos se benefician. Moquegua no es Huancavelica, no en vano tiene unos de los PBI per-capita más altos del país. Los más pobres son más numerosos y la tienen más difícil a la hora de resolver sus problemas de acción colectiva, por tanto es poco lo que pueden obtener de las pujas redistributivas que observamos en la actualidad. Por esta razón, no veo porque alguna izquierda puede celebrar (ver este artículo de Javier Diez Canseco) estas pseudo victorias como si fuesen una gran gesta popular, cuando lo que esta pasando en la actualidad es que estamos siendo testigos de peleas entre bien alimentados por un pedazo mas grande de la torta en frente de los mas hambrientos que no tienen tantos recursos como para organizar acciones colectivas exitosas.

El “derecho” a la gratuidad de la enseñanza, Rawls y el “truncamiento” del estado de bienestar (II)

Para no caer en lo anecdótico y antes que alguien me declare seguidor del método de Wiener, veamos algunas cifras. Para evaluar empíricamente la efectividad del arreglo vigente de gratuidad indiscriminada de la enseñanza desde un punto de vista rawlsiano (como el sugerido líneas arriba), deberíamos disponer de información respecto a cual es el origen socioeconómico de aquellos que actualmente se encuentran estudiando en las universidades públicas y poner atención a cual es la participación que tienen los universitarios que provienen de los sectores menos aventajados. Una forma de aproximar la condición socioeconómica es mediante el uso de quintiles de gasto per-capita, el mismo indicador de bienestar que usamos para aproximarnos a la medición de la pobreza. Con ello en mente, presento en el Gráfico 1, elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares del 2007, la distribución de los estudiantes universitarios en universidades publicas según categoría socioeconómica.

Como se desprende del gráfico, los más pobres son sistemáticamente excluidos de la educación superior pública, convirtiéndose esta en la práctica en un subsidio de toda la sociedad (incluidos los más pobres) a los que gozan de más ventajas. Del total de estudiantes de las universidades públicas, el 70% proviene de los dos quintiles de gasto más ricos. En la jerga económica especializada decimos que la educación superior universitaria pública es regresiva, esto es, no beneficia a quienes pertenecen a los quintiles de ingreso/gasto más bajos. Es un subsidio a los ricos.

Esta situación no solo ocurre con el caso de la educación superior. Un estudio reciente del Banco Mundial titulado "Redistributing Income to the Poor and the Rich: Public Transfers in Latin America and the Caribbean" encuentra que en varios de los países de la región, entre ellos el nuestro, se ha dado un fenómeno conocido en la literatura como “truncamiento” del Estado de bienestar. La idea es bastante simple: si uno observa las transferencias que hace el Estado en forma de derechos y/o bienes públicos, verá que estas son mayoritariamente apropiadas por los quintiles más altos de ingresos. Cuando se da el caso de que una transferencia pública beneficia a los más pobres, dichas transferencias son irrisorias, que es lo que sucede con el caso de la mayoría de los programas de asistencia social. En el caso extremo tenemos las transferencias por educación superior y pensiones, las cuales benefician a un sector muy reducido y mayoritariamente ubicado en los quintiles de ingreso más alto, pero que sin embargo se apropian de más de la mitad del gasto social. No es casualidad que algunos investigadores hablen del “Efecto Robin Hood Inverso” (ver página 13 del estudio mencionado), pues se trata de una redistribución del ingreso de los pobres a los ricos operada por el Estado a través de estos esquemas inequitativos. Un efecto esperado de esto es la exacerbación de las desigualdades que caracterizan a los países de la región. Esto es, la redistribución del ingreso en vez de compensar las desigualdades contribuye a exacerbarlas, aun en el caso de países como el nuestro que redistribuyen muy poco.

¿Cómo se da lo anterior para el caso peruano? En el gráfico siguiente, tomado del estudio “A New Social Contract for Peru” del Banco Mundial, se muestran los coeficientes de concentración de los principales programas sociales en el país. Dicho instrumento nos permite medir en que medida el gasto social esta orientado a los pobres. Como se desprende del gráfico, el gasto social orientado a la educación superior, ESSALUD y pensiones benefician a los no pobres. Peor todavía, no solamente estos ítems de gasto benefician mayoritariamente a los no pobres, si no que –además- representan una magnitud importante del gasto social total. Así por ejemplo, otro estudio reciente del Banco Mundial encuentra que, mientras que la transferencia promedio de pensiones (que solo beneficia al 1.7% de toda la población) es alrededor de 200 dólares mensuales, las transferencias condicionadas del programa Juntos ascienden a un monto de 30 dólares mensuales. Lo mismo ocurre con los programas nutricionales como el caso del Vaso de Leche, que benefician mayoritariamente a los más pobres (llega a alrededor de 10% de toda la población), pero tiene un beneficio mensual que apenas llega a 3 dólares. Ver el cuadro con dicha información aqui.

¿Es justificable esta situación? Dependerá de la concepción de justicia que tengamos. Para quienes consideramos que los menos aventajados deben tener la prioridad, claramente no. En el caso concreto de la educación, la llamada gratuidad de la enseñanza, la cual aparenta ser un mecanismo equitativo y por ello suele ser defendida con mucha vehemencia por los gremios estudiantiles de izquierda, es en realidad una estafa. Su defensa es la defensa de una injusticia. Resulta paradójico que sus defensores suelan invocar a los pobres en su afán de mantener vigente esta iniquidad.

En ese sentido, me parece que el espíritu de la Constitución del 93 –aunque insuficiente- pone el énfasis adecuado al indicar que el Estado garantizara la gratuidad de la educación superior de aquel que rinda y a su vez carezca de recursos. Lo ideal seria ir mas allá y garantizar no únicamente el no cobro de una matricula y/o pensión, si no proveer de los medios necesarios para que los que no dispongan de recursos tengan las condiciones necesarias para dedicarse plenamente al proceso de aprendizaje. Visto de esta manera, la situación ideal no consiste en una vuelta atrás a la Constitución del 79, si no mas bien radicalizar el espíritu de la Constitución del 93 y poner la prioridad en los menos aventajados.

Ahora, el que la prioridad la tengan los menos aventajados no significa que los demás sectores de la sociedad no deban obtener alguna ventaja al optar por la educación universitaria pública. Desde que esta es financiada a través de los impuestos que todos pagamos, el argumento levantado por algunos críticos respecto a que la educación no es gratuita per se, tiene sentido. Sin embargo, el argumento es débil puesto que nadie esta sugiriendo que el eventual establecimiento de un cobro y/o pensión se asemeje a los patrones observados en las universidades privadas. En la propuesta de Hildebrandt se sugiere un cobro equivalente a una fracción del valor de la pensión del colegio privado en el que se estudio, las cuales típicamente son en promedio más modestas que la pensión de una universidad privada. Aun en ese escenario, la educación superior pública sigue estando subsidiada, solo que el subsidio es más grande para el que fue a un colegio público. Desde mi perspectiva, lo ideal seria movernos a un esquema en donde el costo de la educación pública siga estando por debajo de valor de la educación privada -en razón a que todos los ciudadanos contribuyen su financiamiento- pero en donde el Estado garantice a los menos aventajados los medios necesarios para estudiar.

Creo que la virtud de la propuesta de Hildebrant radica en que puede servir como pretexto para ponernos a discutir en serio cual es el rol redistributivo que debe tener nuestro Estado. La evidencia empírica sugiere que los más pobres no se benefician significativamente de la forma actual en que dicha redistribución se operacionaliza. En el caso concreto de la educación, he querido resaltar por medio de este post que, si entendemos correctamente la doble dimensionalidad de los derechos, deberíamos preocuparnos por la dimensión positiva del derecho a la educación de los menos aventajados desde una perspectiva consistente con la teoría de la justicia de Rawls. La defensa cerrada que algunos hacen de la forma en que la Constitución del 79 aborda el asunto del derecho a la educación constituye, a mi entender, la defensa de la inequidad y la injusticia.

Actualización
Lucas Stiglich hace una presentación más didáctica del criterio que he defendido en estos posts. Recomendable para los interesados.