Tantas veces Argentina: el saqueo de los fondos de pensiones

Argentina es uno de esos países que son difíciles de comprender, inclusive para quienes hemos tenido la suerte de vivir una temporada por allá. En particular, es el mejor ejemplo que existe para argumentar en contra de la idea de que países que tienen mejor capital humano son capaces de diseñar e implementar mejores políticas públicas. Prometo escribir respecto al tema de pensiones en Argentina con más detalle pronto. Mientras, comparto un texto escrito por Mariano Scapin, amigo y compañero de estudios de la maestría en economía de la Universidad de San Andrés (ahora haciendo su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid) sobre el tema. Mariano trabajo con Roberto Cortes Conde, probablemente el mejor historiador económico de América Latina, por lo que no es casualidad la apelación al recurso de la historia en el texto que comparte desde Madrid.

SMZ

Las AFJP al Estado.
Reflexionemos, por que la historia argentina otra vez se repite…
Tomó público conocimiento el proyecto del Ejecutivo Nacional de apropiarse de
los fondos invertidos por particulares en las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, cifra cercana a las 4,5 miles de millones de dólares,
fruto de los aportes de los contribuyentes argentinos y de las inversiones que de
estos fondos realizaron las administradoras en sus más de quince años de
historia.

El sistema fue creado en los 90 por el entonces Presidente de la Nación, Carlos
Saúl Menem y el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
Entre los objetivos centrales se encontraba el de controlar el Gasto Público, ya
que era moneda común hasta entonces utilizar los ingresos en concepto de
cargas sociales aportados por los contribuyentes para cubrir gastos corrientes en
vez de reinvertirlos para asegurar mayores retornos a los futuros jubilados. La
triste experiencia inflacionaria primero, e hiper inflacionaria después,
enseñaron a los políticos argentinos que los abultados excesos en el Gasto
Público no solo eran no eran neutros, sino desbordaban en aumentos sostenidos
de precios.

El tránsito no fue sencillo, ya que el grueso agujero fiscal que se produjo al
reducir los ingresos provenientes de los aportes jubilatorios, sumados a la
inflexibilidad del Gasto Público argentino, llevó – entre otras razones no
menores – al triste colapso de 2001.

Sin embargo, se enseñó a los contribuyentes argentinos a responsabilizarse de
su futuro, a darles la oportunidad de elegir como invertir el fruto de su trabajo
y como preparse para su retiro.

Estos quince años las AFJP sufrieron ataques sistemáticos contra sus aportes.
Primero Domingo Cavallo, durante su segundo Ministerio, forzó a un canje de
parte de los activos líquidos de las Administradoras por Bonos del Estado
Nacional. El Presidente Previsional Adolfo Rodríguez Saá al declarar el default
de la deuda omitió incluir estos bonos, sabiendo que perjudicaba sensiblemente
el ahorro de los trabajadores argentinos. Sin embargo, durante el gobierno de
Kichner y su entonces Ministro Lavagna se extendió el no pago a estos bonos.
Pese a esto, cuando a finales del año pasado de abrió la posibilidad de cambiar
de sistema – esto es, pasar del privado (o capitalización) al público (de reparto)
más del 80% de los aportes decidieron seguir en el primer sistema.

La decisión del gobierno nacional atenta contra la libertad de los ciudadanos, de
elegir su forma de financiar su futuro de la manera más conveniente para ellos.
En definitiva, estamos nuevamente ante otro de los tan comunes atropellos a la
voluntad ciudadana del individuo. Y para el trasnochado que diga que el objeto
del Estado es redistribuir la riqueza, se le puede decir: para eso están los
impuestos. No solo uno paga impuestos para seguridad y defensa, sino también
para educación y salud. Por lo tanto, exigir que además de los impuestos los
ciudadanos tengan que aportar sus ahorros al Estado, es un disparate.

Corría el año 1946 en la Argentina, segundo año del primer gobierno de Perón.
Hasta entonces, no existían en el país un sistema jubilatorio público. Sin
embargo, una persona que ahorrara un equivalente al 11% en Cédulas
Hipotecarias del Banco Nacional Hipotecario, podría obtener tras 30 años de
ahorro un retorno equivalente al 75% de su salario en actividad, ajustables por
inflación, utilizando tanto los intereses como la amortización del capital
invertido (véase Cortés Conde, 2006). La nacionalización de las jubilaciones – y
la eliminación del sistema de cédulas hipotecarias por el de redescuentos
discrecionales de fondos del Banco Central de la Nación Argentina - promovió
la expropiación de millones de pesos de entonces desde los bolsillos de los
ciudadanos a las arcas del Estado, quien discrecionalmente repartió estos
fondos a gastos corrientes. Fue el inicio de la fiesta peronista y que, continuada
con otras medidas de tinte expropiatorio y populistas, creo uno de los mayores
sistemas de estafas planificadas: el sistema jubilatorio de reparto.

Más allá de los fondos, más allá del debate sobre el tiempo y las causas de la
expropiación del gobierno de Cristina Kirchner, debemos hacer mención en el
punto fundamental de la discusión. Bajo ningún concepto el Estado, entidad
creada bajo la idea de velar por la seguridad física y material de los ciudadanos,
puede extraer de su bolsillo sus ahorros, cuando no ya sus legítimos ingresos.

Este artículo, si bien breve y por lo tanto incompleto, simplemente trata de
hacer comprender la idea de que nosotros somos el Estado, y bajo ningún
concepto y/o causa puede este abrogarse el derecho de forzanos a elegir a
nosotros cómo, cuándo y qué ahorrar. Al menos, tengamos la conciencia limpia
de que al llegar a la tercera edad y, al mirar hacia atrás, hacia nuestras vidas,
podamos estar orgullosos de que fuimos responsables. De que decidimos por
nosotros mismos.

Mariano Scapin
scapinmariano@gmail.com