La nacionalización de YPF en Argentina y sus implicancias para el Perú

Tenía este post pendiente pero la falta de tiempo no me permitió sacarlo antes. Creo que mucho de la discusión sobre el tema ha estado enfocado en lo simbólico, con poco énfasis en lo que me parece central: las consecuencias de mediano y largo plazo de la ausencia de derechos de propiedad estables. Los neoliberales a ultranza han cuestionado la expropiación desde su crítica usual al rol del Estado en la economía.  La izquierda por su lado ha enfatizado cuestiones de autonomía, reivindicando la participación del Estado en los llamados “sectores estratégicos”. Viendo el tema desde Perú, las reacciones de neoliberales y zurdos han ido más o menos por la misma dirección. Así por ejemplo, desde el Gran Combo Club y desde una perspectiva de izquierdas,Jorge Rendón Vásquez describe el tema en los siguientes términos:

“Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.”

Tengo la impresión que los liberales harían un mejor trabajo si se dedicaran a hacer pedagogía política utilizando el caso argentino como un ejemplo de lo que no debe de hacerse pero sin apelar al tremendismo al que alude Rendón. Este tipo de razonamientos son muy difíciles de sostener en un contexto global en donde la recesión, la débil regulación y las malas prácticas corporativas vienen siendo asociadas equivocadamente (con la participación tendenciosa de la izquierda) con el liberalismo. En este escenario, las acusaciones de la izquierda suenan creíbles y por ende cada vez más gente mira con simpatía la participación estatal en sectores como el petrolero.

Lo primero que habría que decirse es que, al estado actual del conocimiento económico, no existe evidencia empírica que indique que el Estado siempre es un mal gestor de recursos. Tenemos diversas teorías que proveen razones sólidas para desconfiar de este, pero es difícil obtener evidencia empírica concluyente al respecto. Al nivel internacional, existen ejemplos abundantes de empresas públicas eficientes (como Petrobras o Codelco) y también de otras en donde abunda la corrupción y la ineficiencia (como PDVSA). Entonces, no se trata de si la propiedad es privada o pública, sino más bien del entorno institucional que estas enfrentan. Si uno comienza a estudiar con algún detalle el caso de las empresas públicas que funcionan bien en la región, inmediatamente notara que existen mecanismos institucionales que garantizan que estas cuenten con una burocracia altamente calificada y con altos niveles de independencia del poder político de turno. Se trata entonces de la existencia de reglas de juego que crean incentivos que favorecen el desarrollo de una gestión eficiente, más allá del tipo de propiedad.

La pregunta entonces es si en Argentina (y de paso en el Perú) existen los requisitos institucionales para el desarrollo de una gestión eficiente en las empresas públicas. Parece que este no es el caso. De hecho, en el caso argentino ni siquiera las empresas privadas son totalmente independientes del poder político, como lo indica precisamente el hecho que Repsol se haya visto forzada por Néstor Kirchner a vender parte de sus acciones en favor de un empresario amigo del régimen. Como lo cuenta Xavier Sala-i-Martin:

“En 2007, y ya con Antoni Brufau al frente de la petrolera, el presidente Néstor Kirchner pidió a REPSOL que un grupo argentino entrara a formar parte de la compañía. Se trataba del grupo Petersen de la familia de Enrique Eskenazi. La familia Eskenazi era una familia de la alta burguesía de Santa Cruz, región que había sido presidida (oh! casualidad!) por Néstor Kirchner, antes de ser presidente de Argentina. De hecho, Enrique Eskenazi era amigo íntimo de don Néstor, tan íntimo que le había financiado las campañas electorales que le llevaron al poder. Es decir, el presidente Kirchner obligó en 2007 a REPSOL a aceptar un socio argentino que, casualmente, era un amigo íntimo de toda la vida y al que se le debían algunos favores políticos. Antoni Brufau aceptó porque sabía que siempre es bueno tener inversores locales con conexiones políticas. Es bueno que los insiders te señales la existencia de luces ámbar antes de que se vuelvan rojas. Por esto aceptó que la familia Eskenazi tenga primero el 15% y luego el 25% de la compañía.

Pero había un pequeño problema: los Eskenazi eran los ricos del pueblo en Santa Cruz, pero una cosa es que tus niños se paseen por el pueblo en lujosos horteras Ferraris rojos o que chuleen por las discotecas de moda de la zona y otra cosa muy distinta es comprar el 25% de una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares. Los Eskenazi no eran tan ricos!

¿Cómo consigue la familia amiga de Kirchner comprar el 25% de REPSOL-YPF? Pues obligando a YPF a PRESTARLE EL DINERO! Repito, Néstor Kirchner obliga a REPSOL a prestar el dinero a una familia amiga para que ésta compre el 25% de REPSOL. ¿Y cómo va a pagar esa familia semejante millonaria cantidad? Pues con los dividendos de la propia REPSOL. Es decir, REPSOL, el gobierno de Kirchner y el grupo Petersen de la familia Eskenazi firman un contrato (depositado en la Security Exchange Comission de New York) que obliga a REPSOL a dar el 25% de su capital a la familia Eskenazi y ésta se compromete a pagar de vuelta con los dividendos de REPSOL. Para garantizar que REPSOL pueda cobrar ese "crédito" (o quizá deberíamos calificarlo de extorsión), se obliga a REPSOL distribuir en forma de dividendos el 90% de sus beneficios.”

Cualquiera que conozca Argentina sabe de lo poco institucionalizado que es el país. Si los Kirchner lograron que una multinacional hiciera esto, ¿Cómo será cuando la empresa esté totalmente bajo el control estatal? ¿Sera capaz la empresa de invertir para expandir la producción, el argumento utilizado por el régimen para justificar la expropiación, en este entorno institucional? Cristina Kirchner ha dicho que la empresa se manejará con criterios de eficiencia, pero es muy difícil creer que esto será posible en el escenario descrito. Como ya pasó con las pensiones y Aerolíneas Argentina, lo más probable es que las necesidades de financiamiento de corto plazo del régimen terminen creando problemas que terminaran reventando en el largo plazo.

Muchos confunden la crítica a la expropiación como una defensa a REPSOL o a los españoles. Seguro habrá interesados en defender los intereses de la empresa, lo cual por cierto es legítimo.  Creo sin embargo que lo central es la defensa de un conjunto de principios esenciales que tienen soporte científico. Concretamente, existe un conjunto amplio de evidencia que sostiene la importancia radical que tiene la protección de los derechos de propiedad para el desarrollo de las naciones. El libro reciente de Daron Acemoglu y James Robinson, “Why Nations Fail”, tiene una cantidad importante de ejemplos que van en la dirección señalada. Aquellos países que garantizan el respeto a los derechos de propiedad muestran, en promedio, un crecimiento sostenible de la riqueza. Viéndolo en perspectiva, es precisamente la ausencia de instituciones que garanticen la protección de los derechos de propiedad lo que explica, por lo menos en parte, la debacle argentina de las últimas décadas.

Además de esta razón empírica, existe una cuestión de principio vinculada con el respeto de la ley. Creo que lo fundamental no es la discusión sobre si el Estado debe intervenir o no en los sectores estratégicos, debate que han privilegiado los defensores y críticos de la medida, sino más bien si es que vamos a admitir violaciones a los derechos fundamentales de las personas, entre estos, el derecho a la propiedad. Porque, hay que admitirlo, esto es simplemente un robo. Es como si alguien entrara a tu casa, se apropia de ella y luego decide pagarte lo que se le antoja. Y en esto la izquierda tendría que ser más principista en reconocer que se trata de un robo (lo cual difícilmente hará pues significaría admitir que su compromiso con los derechos humanos es estratégico). Claro, en sociedades en donde el respeto a los derechos individuales ha sido históricamente débil, no es de extrañar que muchos celebren una medida como esta, en particular por tratarse de una multinacional. Pero desde un punto de vista de principios, es lo mismo que el gobierno le quite la casa a una familia pobre que le expropie a una empresa sus acciones.

¿Qué lecciones podemos extraer para el caso peruano? Sin duda, la izquierda local ha querido jalar agua para su molino en su agenda de lograr una participación más activa del Estado en los sectores estratégicos. Tengo la impresión que debería replantearse el debate en relación a si tenemos los mecanismos institucionales que nos garanticen  empresas publicas eficientes y mi respuesta en ese caso es que estamos muy lejos aún de ese escenario. Ya vimos como PetroPeru funcionaba como caja chica del Toledismo. Tal vez si existiera un esfuerzo más serio de los defensores del estatismo por proponer la inclusión de mecanismos que promuevan la eficiencia en una eventual mayor participación del Estado en la economía la discusión sobre el tema sería más rica. Creo que la izquierda necesita ser más convincente: no basta mirar a los vecinos y decir “mira, ¿cómo ellos si tienen empresas públicas que funcionan bien?” sino fundamentar sobre qué es lo que ha cambiado en el país para que empresas públicas que en el pasado funcionaron muy mal ahora si operen con eficiencia. Y es que, si Brasil y Chile tienen buenas empresas públicas es porque también tienen burocracias e instituciones más sólidas. Porque, supongo que al final del día de lo que se trata es pensar respecto a qué condiciones debemos garantizar para que PetroPeru se parezca más a PetroBras y menos a PDVSA (o, con seguridad en unos años, YPF).