¿Porque el gobierno no cede a las demandas de los nativos?

La negativa del Gobierno de derogar las leyes de marras que fueron el pretexto de los hechos luctuosos de la Selva ha sido considerada por muchos analistas como una muestra de arrogancia e indolencia ante la magnitud de la crisis. Nuevamente, se atribuyen a características personales de los miembros del ejecutivo la razón de dicha negativa, como si fuese la personalidad y no las restricciones que imponen las características de nuestras instituciones políticas las que explican las decisiones tomadas por el gobierno al respecto. Por ejemplo, veamos lo que nos dice Sinesio Lopez hoy:

“García y sus socios insisten, sin embargo,  en salvar lo insalvable y están dispuestos a desplegar el odio y la violencia desde el Estado acompañando el deseo de los cavernícolas y los fascistas de todo pelaje. Ellos creen que los nativos amazónicos son sus enemigos y una especie de avanzadilla de una conspiración internacional que los digita. Están delirando. Sería bueno que se serenen un poco si quieren gobernar con un nivel mínimo de racionalidad y de respeto a los ciudadanos.” El problema se llama Garcia.

En este post quiero argumentar que las razones del comportamiento del Gobierno poco tienen que ver con la personalidad del presidente o de sus ministros. Por el contrario, la respuesta del gobierno es plenamente racional, dadas las restricciones del sistema político en el país. La nueva economía política puede darnos algunas luces al respecto.

Tengo la impresión que la demanda de fondo detrás de las protestas es una suerte de profundización de la democracia. Estamos ante sectores tradicionalmente excluidos que ya no admiten que se tomen decisiones que los afectan sin que sean escuchados, sobre todo en aspectos que son fundamentales en su modus vivendi. Son sectores, que además, han logrado superar problemas de acción colectiva que en el pasado debilitaban su capacidad para plantearle demandas al Estado. Mas allá de la desinformación que existe entre estos respecto a las alcances de las normas en cuestión (una rápida leída a los decretos no sugiere nada de lo que sus detractores le achacan), la ausencia de consulta y el pésimo manejo del gobierno de la protesta al postergar innecesariamente el inicio del dialogo, son indicios de que el gobierno fue incapaz de enfrentar el reto de escuchar las demandas de los nativos y tratar de procesarlas de algun modo.

Por otro lado, es cierto también que el problema reside en que el Estado no cuenta en la actualidad con la capacidad de procesar estas demandas por democratización. Tenemos un Estado que aun no sido capaz de reformarse para tener un rol redistributivo más activo. Asimismo, el sistema de partidos hace mucho tiempo que dejo de ser el canalizador de intereses de diversos sectores de la sociedad. Lo que tenemos en el país, no parece ser –como alguno pretender hacernos creer- un intento por volver atrás, aunque hayan ciertos sectores radicales que promueven recetas trasnochadas. Tengo la impresión que lo que tenemos es un país que luego de 19 años de crecimiento económico y manejo ordenado de la economía que cuenta con un sistema político y un Estado que constituyen una traba para que este crecimiento sea mejor distribuido y sea más efectivo en reducir la pobreza. Dos décadas de desarrollo económico no pueden ser sostenibles con los niveles de retraso que tenemos en nuestro sistema político.   

Ahora, en ausencia de mecanismos de institucionales para procesar las demandas de democratización en un contexto como el descrito líneas arriba, el Gobierno puede optar por ceder a las demandas o simplemente optar por la represión. En un paper titulado justamente “Democratization or repression?”, Daron Acemoglu y James Robinson se preguntan acerca de las condiciones bajo las cuales un régimen político podría optar por alguna de las dos alternativas. Ellos argumentan que, ante protestas de larga escala promovidas por grupos excluidos del sistema político, solo es posible una democratización a gran escala o la represión, más no una concesión parcial o gradual de derechos o una redistribución solo a grupos excluidos determinados con mayor poder político. La razón de ello estaría en que la concesión parcial puede ser tomada como signo de debilidad y podría promover una nueva escalada de protestas orientadas a conseguir mayores beneficios a los ya obtenidos previamente, debilitando aun más la posición de aquellos que controlan el poder político. De esta manera, no existirían soluciones intermedias.  

El argumento es más o menos como sigue: supongamos una sociedad abstracta en medio de un proceso revolucionario dirigido por una clase pobre sin acceso al derecho al voto.  En esta situación, las elites, a fin de evitar la revolución, podrían optar por extender el derecho al voto (esto es, el poder político) a toda la sociedad, a solo un sector de ella (por ejemplo, la clase media) u optar por la represión. Aquí uso el derecho al voto, pero cualquier medida redistributiva puede calzar perfectamente en el ejemplo. Si la elite decide extender el derecho a votación solo a la clase media, entonces esta votar por alguna medida redistributiva que beneficiara al menos parcialmente a los más pobres. Sin embargo, en un contexto en donde existe incertidumbre respecto a la fortaleza de la elite a fin de contener la revolución, esta concesión parcial puede ser tomada como una señal de su debilidad, lo cual en vez de contener las demandas por democratización puede contribuir a incrementarlas. En este contexto, las elites tienen que optar entre una democratización plena o la represión, lo cual dependerá del costo asociado a cada una de estas alternativas. En general, cuando las elites tienen mucho que perder (o, dicho de otro modo, cuando la democratización es más costosa), estas estarán más dispuestas a utilizar la represión como mecanismo para contener la revolución.

Ahora, adaptando el modelo para nuestro caso particular, tengo la impresión que el recurso a la represión obedece a una incapacidad del Estado para responder a las demandas de los sectores excluidos. No es un problema del APRA ni de Garcia. Lo mismo ocurrió con Toledo y de hecho, cualquier gobierno que tome las riendas del Estado en el futuro tendrá que enfrentarse a él en mayor o menor medida, en tanto no se proceda con la reforma de la maquinaria estatal a fin de responder a la demandas redistributivas de los excluidos. Con este Estado anquilosado, siempre será menos costoso a los gobiernos de turno reprimir que redistribuir.

El gran reto en completar las reformas institucionales que se truncaron a mediados de los noventas. Las reformas funcionaron bien en muchos sectores de la economía y eso explica en gran medida la bonanza económica de los últimos años. Pero sin una reforma del Estado y de la política, el modelo de desarrollo seguirá truncado.